El Gobierno argentino sigue de cerca la inminente reapertura de la ruta marítima entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, en Chile, ante la posibilidad de que se convierta en un corredor de abastecimiento para las empresas que participan del proyecto petrolero Sea Lion.
La disputa diplomática se desarrolla mientras la Argentina espera el fallo del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), previsto para el 28 de noviembre, sobre el pedido de medidas provisionales para frenar las perforaciones hidrocarburíferas en aguas cercanas al archipiélago.
El principal punto de tensión es el próximo viaje del buque Danstar, operado por la naviera chilena Easter Island Logistics, que tiene previsto zarpar hacia Puerto Stanley entre la segunda y tercera semana de diciembre. La embarcación transportaría alimentos, productos perecederos y materiales de construcción. Sin embargo, en Buenos Aires existe preocupación por la posibilidad de que la nueva conexión comercial termine facilitando también la logística de las compañías petroleras que operan en las islas.
El gerente general de la naviera, Pablo Pacheco, descartó esa posibilidad y aseguró que el servicio estará destinado al abastecimiento de la población. “Somos una empresa que va a hacer abastecimiento insular; vamos a llevar fruta, verdura, comida perecible y material de construcción para construir casas, jardines y colegios”, afirmó. La embarcación tiene una capacidad de carga de 1.200 toneladas y, según la empresa, ya tiene comprometida más de la mitad.
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La discusión expuso diferencias entre los gobiernos de Javier Milei y José Antonio Kast, pese a la relación política que mantienen ambos presidentes. El canciller argentino, Pablo Quirno, defendió la libertad de navegación, pero advirtió que los buques que se dirijan a Malvinas deben cumplir con un procedimiento específico. “El tema es cuando salen a Malvinas. Hay un proceso de pedido de autorización y compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas”, sostuvo.
Quirno diferenció el tránsito por el Estrecho de Magallanes, cuya soberanía reconoció como chilena, de las aguas que el buque deberá atravesar posteriormente para llegar a las islas. Según la postura argentina, esa navegación requiere una autorización previa. Desde el Gobierno sostienen que la naviera debe notificar su recorrido y que Chile debe garantizar que la operación no contribuya a la explotación de recursos naturales en disputa.
La respuesta del canciller chileno, Francisco Pérez-Mackenna, fue diferente. Consultado por los dichos de su par argentino, afirmó que “los países no piden permiso”. Santiago fundamenta su posición en los tratados de Límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984, además de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establecen garantías para la navegación en la región.
Desde el oficialismo chileno también defendieron la reapertura de la conexión comercial. El diputado republicano Alejandro Riquelme sostuvo que la iniciativa “no responde a un pedido del Reino Unido” y que se trata de un negocio entre privados. Además, consideró que el abastecimiento de las islas es una actividad lícita y que un eventual suministro a empresas petroleras no constituye, por sí mismo, una ilegalidad.
“Abastecer a las Islas Malvinas es una actividad lícita, y el eventual suministro a empresas petroleras también lo es, siempre que cumpla con las normas aplicables. El carácter petrolero de una empresa no convierte, por sí solo, ese comercio en ilegal”, afirmó el legislador. Según las estimaciones que manejan en Chile, la ruta podría representar un movimiento comercial de aproximadamente 20 millones de dólares anuales para la región de Magallanes.
Riquelme también rechazó que el intercambio comercial implique un reconocimiento de la soberanía británica sobre las islas. Recordó que Chile respalda desde 1992 el reclamo argentino y sostuvo que esa posición diplomática no impide mantener relaciones comerciales. En ese sentido, cuestionó las iniciativas impulsadas desde el Congreso argentino y planteó que las diferencias deben resolverse por canales diplomáticos.
Las iniciativas en el Congreso argentino por la ruta a Malvinas
La controversia también llegó al ámbito legislativo. La diputada de Unión por la Patria Agustina Propato presentó el expediente 5831-D-2026, que busca establecer que el tránsito de buques con destino a las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur sea considerado “no inocente” cuando esté vinculado con actividades logísticas, militares, hidrocarburíferas o pesqueras.
El proyecto contempla facultades para que la Prefectura Naval Argentina o la Armada ordenen la detención de embarcaciones, cambios de rumbo o el abandono de aguas bajo jurisdicción nacional. También habilita la retención de buques en puertos argentinos. La iniciativa menciona expresamente al Danstar y sostiene que la nueva ruta marítima “socava nuestro reclamo de soberanía y constituye un apoyo directo a las actividades ilegales del Reino Unido”.
En paralelo, el diputado peronista Guillermo Michel presentó el expediente 5441-D-2026, que propone denunciar dos acuerdos bilaterales con Chile: el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición Fiscal. El objetivo es retirar beneficios tributarios que actualmente alcanzan a empresas chilenas que operan en Argentina.
“Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país”, argumentó Michel. A su vez, el excanciller Santiago Cafiero y otros nueve diputados de Unión por la Patria impulsaron una moción para citar al embajador chileno en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera, ante la Comisión de Relaciones Exteriores.
Desde Tierra del Fuego también anunciaron una iniciativa. El secretario de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Andrés Dachary, adelantó que la provincia trabaja en una ley para establecer multas y prohibiciones de operación en territorio argentino a las empresas navieras que comercien con las islas sin autorización fueguina. El funcionario aclaró que la propuesta no apunta a impedir el primer viaje del Danstar, sino a establecer un marco de regulación para las operaciones posteriores.
Riquelme cuestionó las iniciativas argentinas y sostuvo que las eventuales represalias comerciales no pueden imponerse mediante leyes provinciales o decisiones parlamentarias. También rechazó la posibilidad de citar al embajador chileno y consideró que esas diferencias deben canalizarse a través de los gobiernos. “Pueden aprobar mil decretos y otras 3000 leyes, pero ninguna puede contravenir los tratados internacionales y bilaterales vigentes”, afirmó.
Cuándo zarpará el buque Danstar rumbo a Malvinas
El Danstar zarpó de Valparaíso el 29 de octubre, pero sufrió demoras por condiciones meteorológicas adversas que lo obligaron a fondear en Puerto Montt y otros puntos intermedios. La naviera espera que ingrese a la región de Magallanes el domingo 15 de noviembre para realizar tareas de mantenimiento de rutina en los astilleros de Asmar Magallanes.
La fecha definitiva de salida hacia Puerto Stanley dependerá de la duración de esos trabajos y de las condiciones climáticas. La empresa estima que el viaje podría concretarse entre la segunda y tercera semana de diciembre, una vez que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar ya haya comunicado su decisión sobre el planteo argentino.
Otro elemento que agrega incertidumbre al seguimiento de la embarcación es que, según fuentes navales argentinas, el Danstar dejó de aparecer hace cinco días en los sistemas de rastreo marítimo. La desaparición estaría relacionada con el apagado de su transpondedor, el dispositivo de identificación automática que permite conocer la ubicación de los barcos en tiempo real.
