El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) realizó la audiencia preliminar en la que se fijaron las pautas con las que se llevará a cabo el juicio del caso Hotesur en el que están acusado Cristina Kirchner, su hijo Máximo, Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros. En el encuentro los jueces anunciaron que se fijarán tres audiencias por semana y de forma presencial.
A lo largo de la audiencia de la que también participó el fiscal general Diego Velasco, se conocieron los detalles de cómo se va a realizar el juicio por asociación ilícita, lavado de dinero y, respecto de la ex Presidenta, también dádivas. Unos 300 testigos pasarían por el estrado.
Uno de los primeros aspectos que el presidente del TOF 5, José Michilini, informó es que se fijarán tres audiencias semanales y de forma “estrictamente presencial”, y que se habilitarán “sábados, domingos y fines de semana” para avanzar con el juicio.
Asimismo, el Tribunal informó que se habilitará la feria judicial de verano. Entre los planteos expresados por el juez Michilini se solicitó la reducción de testigos que “no hagan al objeto procesal”.
Para este punto, se establecieron quince días de prórroga a las partes para que informen sobre los testigos que requerirán que participen, “con la correcta fundamentación”, dijo el TOF 5.
Presa en San José 1111, la exmandataria cumple la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado corroborada en el caso Vialidad. Desde el 6 de noviembre del año pasado también enfrenta el debate sobre los Cuadernos de las Coimas, que la tiene como principal procesada por el delito de asociación ilícita y la percepción de sobornos en 204 oportunidades.
Por delante, Cristina tiene otro juicio por corrupción con una particularidad: por primera vez compartirá el banquillo de los acusados con su hijo y diputado nacional, Máximo Kirchner.
El debate estará a cargo Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) integrado por los jueces José Michilini, Fernando machado Pelloni y la magistrada, Adriana Palliotti, con la intervención del fiscal general Diego Velasco.
Desde diciembre de 2024, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso de Cristina Kirchner y otros acusados contra el proceso, el fiscal Velasco reclamó en varias ocasiones al TOF 5 que fijen fecha de inicio al juicio por hechos de corrupción contra la exmandataria.
El fiscal entiende que, pese a que se aguarda la finalización de una pericia contable sobre una de las empresas de la familia Kirchner investigada, el juicio igual podría iniciar. Ante el rechazo inicial del Tribunal, el representante del Ministerio Público apeló ese criterio y su planteo está en manos de la Cámara Federal de Casación Penal.
Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, a la fecha hay una solicitud total de 400 testigos. El TOF 5 admitirá 120 testigos en el expediente Los Sauces y cerca de 180 para Hotesur.
Para dar inicio al juicio, el Tribunal entiende que es necesario esperar la conclusión de una de las medidas de prueba impulsada por los magistrados tras un pedido de Cristina Kirchner y Lázaro Báez: la confección de una pericia contable sobre las dos compañías familiares investigadas por lavado de activos.
Uno de los argumentos del juez Michilini para aguardar dicho estudio técnico antes de que comience el debate fue considerar la trascendencia pública que puedan tener este caso que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner “no debe trasladarse al proceso de toma de decisiones por parte de los firmantes en detrimento a las garantías procesales que rigen nuestra materia”.
La prioridad, enfatizó el TOF 5 con el voto concurrente del juez Machado Pelloni, es el “control de legalidad del procedimiento, observando con particular celo el cumplimiento estricto de las formas y garantías previstas por el ordenamiento ritual”.
El Tribunal resolvió esperar que terminen las medidas de prueba preliminares ordenadas cuando la Corte Suprema -a finales de 2024- ordenó la realización del juicio a los 16 imputados.
El expediente se concentró en las empresas familiares Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria), investigadas por haber sido el presunto vehículo para lavar 120 millones de pesos, cifra calculada entre 2008 y 2015. La maniobra se concretó “con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario”, según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando pidió que el juicio se realice.
Estas dos compañías nunca tuvieron sedes comerciales. En ambas, un común denominador fue Lázaro Báez, como inquilino en la inmobiliaria y como responsable de administrar y explotar los hoteles. La acusación lo vinculaba al contratista como una pieza necesaria para “devolver” a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad, donde la ex vice y el dueño del Grupo Austral fueron condenados.
En lo que concierne a estas causas por lavado de dinero hay otro delito atribuido: el de dádivas, por tratarse Cristina de una funcionaria, y Báez un empresario contratista del Estado con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado.
