los detalles de la megacausa que llega a una definición judicial

La Justicia definirá la situación procesal de los sospechosos de integrar una presunta organización criminal que durante medio año habría cometido una serie de asaltos en distintos puntos del Gran Mendoza y el Este provincial utilizando una modalidad particular: sus integrantes se presentaban como policías de Investigaciones, vestidos con prendas identificatorias de la fuerza, chalecos y armas de fuego.

La jueza Dolores Ramón deberá resolver si dicta la prisión preventiva para los acusados. En el expediente principal, calificado como asociación ilícita, aparecen nueve imputados: Matías Alejandro Troncoso, Tomás Alejandro Barison, Alejo Ezequiel Peñalva, Damián Gabriel Molina, Héctor Enrique Emanuel Ibarra, Luciano Darío Torres, Gastón Santiago Mallón, Jesús Dávila Centeno y Sergio Daniel Leguizamón, señalaron fuentes judiciales. La pesquisa sostiene, además, que existirían otros miembros todavía no identificados y algunos sospechosos que permanecen prófugos.

El caso, que fue revelado por este diario y fue investigado por la División Robos y Hurtos de Investigaciones y en gran parte por el fiscal Ezequiel Morando (ahora en Delitos Económicos), tuvo sus allanamientos y contó una declaración que abrió el juego de la pesquisa: la del reconocido estafador Rodrigo Raía, quien fue capturado y permitió reconstruir, en parte, cómo era la estructura de la organización que actuó durante meses perpetrando los golpes.

Pero detrás de la discusión sobre la libertad o el encierro de los acusados, que podría definirse en los próximos días, hay una pesquisa que fue avanzando a partir de diferentes robos (algunos asaltos y escruches) hasta reconstruir lo que los pesquisas describen como una estructura estable, con personas encargadas de ejecutar los golpes, otras de conseguir vehículos, acopiar los elementos sustraídos, lavar los rodados para no dejar pruebas y finalmente colocar lo sustraído en el mercado negro.

Uno de los elementos que conecta los expedientes es la modalidad. En uno de los hechos investigados, con el que se comenzó la pesquisa, cuatro hombres irrumpieron en una casa de calle Los Álamos, en Fray Luis Beltrán, Maipú. El episodio ocurrió el 20 de agosto del año pasado, cuando los sujetos llegaron armados, vestidos con prendas oscuras que tenían la inscripción PDI (Policía de Investigaciones).

“Somos policías de Investigaciones”, le gritaron al dueño de casa. Los falsos policías lo apuntaron con armas de fuego, lo obligaron a levantarse y comenzaron a preguntarle dónde estaba el dinero y la droga. Como no obtuvieron la respuesta que buscaban, lo golpearon con la mano abierta y revisaron la propiedad de arriba abajo.

Finalmente, escaparon en la camioneta Hilux blanca de la víctima, en la que cargaron un televisor y un teléfono celular.

Ese episodio permitió abrir otra línea investigativa. Horas después, una vecina del barrio Razquín, en Guaymallén, llamó al 911 para advertir que un hombre conocido como “Mono” o “Yiyo” había llegado en una camioneta blanca y le había ofrecido un televisor que, según él mismo le había dicho, provenía de Beltrán.

Los investigadores intentaron localizarlo y allanaron un domicilio donde mantenía vínculos, aunque el procedimiento tuvo resultado negativo. Con el avance de otras causas, comenzaron a relacionarlo con una estructura que ya estaba bajo seguimiento por entraderas, escruches y golpes ejecutados por falsos policías.

El Peugeot 2008, una de las claves

Uno de los principales saltos en la investigación ocurrió a partir de un vehículo. Los policías de Robos y Hurtos que trabajaron el caso establecieron que un Peugeot 2008 gris oscuro, dominio AE278LJ, había sido utilizado en uno de los hechos. El rodado apareció posteriormente en una casa del barrio Chile, en Godoy Cruz.

El 4 de noviembre del año pasado, Investigaciones llegó hasta la manzana K para realizar un allanamiento. Desde el exterior observaron parte de un Peugeot 2008 cuyo dominio coincidía con el vehículo buscado.

La medida terminó con el secuestro del rodado, dos chapas patente AE278LJ, teléfonos celulares, dinero en distintas monedas, relojes, una máquina contadora de billetes, herramientas y otros elementos. También encontraron una caja con cartuchos calibre 9 milímetros, un rifle de aire comprimido, una barreta y una pistola Beretta PX4 Storm cuyo número de fabricación había sido suprimido.

Pero entre los objetos secuestrados había otros que terminarían teniendo importancia para la causa: prendas utilizadas para cubrir los rostros, barbijos y gorras, entre ellas una negra con la inscripción “La Dolfina” y otra azul y amarilla con la inscripción “PFA”.

La Policía Científica levantó rastros epiteliales y muestras para ADN en el auto y en distintos elementos. Esos perfiles fueron enviados al Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. El resultado permitió individualizar a varios sospechosos, entre ellos Damián Molina Vega, Héctor Ibarra y Rodrigo Raía.

La gorra terminó convirtiéndose en una de las piezas centrales del caso. El material genético permitió vincularla con uno de los hombres que había quedado bajo la lupa y, a partir de allí, profundizaron sobre sus vínculos y comunicaciones, tal como informó este diario en un extenso informe a fines de abril.

El hombre que conocía el interior de la banda

Cuando Raía, detenido en otra causa de estafa, comenzó a aportar información sobre el funcionamiento de la organización, el caso dio un giro importante. Según los investigadores que hablaron con este diario y habían pedido reserva en su momento, su declaración resultó determinante porque permitió conocer desde adentro una estructura que hasta ese momento aparecía fragmentada en diferentes expedientes.

Raía señaló a Pedro Alonso Isgró como quien podría ocupar el lugar de jefe de la organización. Esa hipótesis, sin embargo, quedó bajo análisis y no sumó pruebas firmes para una imputación. Isgró, hijo de una jueza de Paz y vinculado en varios expedientes, fue allanado, pero no imputado.

Describió distintos vínculos y funciones dentro de la estructura. De acuerdo con esa versión, Damián Molina Vega, conocido como “Melli”, habría tenido un rol de liderazgo en la facción de Guaymallén, citando a otros con una función similar en Godoy Cruz. Por debajo de esos niveles aparecerían los operadores encargados de participar directamente en los robos.

La investigación mencionó entre ellos a Troncoso, Barison, Peñalva, Ibarra y otros sospechosos. La declaración de Raía también aportó nombres de personas que, según la hipótesis policial, no necesariamente participaban de los asaltos pero cumplían funciones posteriores a los golpes.

Los que limpiaban los autos y los que vendían el botín

De acuerdo con el análisis de las comunicaciones, Sergio Daniel Leguizamón, alias “Viejo”, habría tenido una función logística. Los pesquisas sostienen que recibía los vehículos utilizados en los golpes, los limpiaba para eliminar rastros, guardaba elementos de dudosa procedencia y abría los portones para facilitar el ingreso y egreso de los rodados.

Otros sospechosos aparecen relacionados con la venta de los elementos sustraídos.

La investigación sostiene que otro habría recibido fotografías de electrodomésticos y vehículos para intentar colocarlos en el mercado negro, mientras que Gastón Mallón habría recibido imágenes de teléfonos celulares, notebooks y otros objetos.

También aparecen señalados presuntos reducidores de vehículos. La hipótesis es que esa red permitía desprenderse rápidamente de los objetos sustraídos y dificultaba que los bienes pudieran ser relacionados con los asaltos.

Los golpes que fueron armando el rompecabezas

Uno de los primeros episodios que aparece en ese recorrido ocurrió el 7 de abril del año pasado, en el barrio Jardín Tulumaya de Maipú. Tres hombres llegaron en un VW Polo blanco. Una vecina observó a uno de ellos con lentes y una planilla, simulando realizar algún tipo de trabajo. El auto se estacionó frente a la casa y los sujetos comenzaron a cargar diversos objetos de valor.

Cuando advirtieron que habían sido descubiertos, escaparon. Durante los trabajos de seguimientos, luego establecieron que el Polo llevaba colocada una patente duplicada. En la causa también surgieron imágenes del vehículo y otros elementos que permitieron vincularlo con el golpe. Dos meses después, otro robo aportó una nueva pieza.

El 8 de junio, en el barrio Jardín del Sauce de Guaymallén, delincuentes ingresaron a una propiedad y se llevaron una moto KTM Duke, una bicicleta, equipos de sonido, una consola, un millón de pesos, un iPhone, un Apple Watch, un televisor y otros elementos.

La víctima alcanzó a observar a los autores y un vehículo Ford EcoSport blanco. Entre los nombres que aparecieron como posibles participantes de ese hecho figuran Troncoso, Barison y Peñalva.

En septiembre, dos propiedades del barrio Finca Los Olivos y El Recodo 2, ambos en Maipú, fueron atacadas prácticamente en la misma franja horaria.

En uno de los casos, una cámara captó a un hombre que descendió de un vehículo oscuro, observó el lugar y luego ingresó a la vivienda. En el otro, una vecina observó un auto oscuro estacionado frente a la casa y a un hombre esperando en la puerta.

En uno de esos procedimientos se logró establecer nuevamente la patente AE278LJ, la misma que después aparecería vinculada a la Peugeot 2008 secuestrada en barrio Chile.

El golpe de calle Victoria y la pista de “Jesús”

Uno de los episodios considerados centrales ocurrió en una morada de calle Victoria, en Villanueva, Guaymallén. Seis hombres irrumpieron en el domicilio. Vestían chalecos azules con la inscripción “PDI”, llevaban armas de fuego, guantes y tenían los rostros cubiertos. La víctima y dos amigos fueron sorprendidos cuando abrieron la puerta.

“Esto es un allanamiento, ¿dónde está la plata de la droga?”, les dijeron. Los falsos policías revisaron el inmueble. Uno de ellos llegó a amenazar a uno de los hombres con cortarle los dedos mientras los demás buscaban dinero y objetos de valor.

Luego de algunos minutos, escaparon en dos vehículos. Uno de ellos habría sido una Peugeot gris, que posteriormente quedó registrada en las cámaras de seguridad. La víctima, una mujer peruana, aportó una pista que terminaría siendo importante: aseguró haber reconocido a uno de los asaltantes.

Recordó que días antes había recibido una solicitud de amistad en Facebook de un hombre cuya fisonomía coincidía con la persona que había visto durante el robo.

Lo identificó como Jesús, conocido como “Factura”, pareja de una ex empleada suya. Según la mujer, esa exempleada conocía que tenía dinero y ya había existido un episodio anterior en el que le habían sustraído una importante suma de dinero de su vivienda. El nombre de Jesús condujo a Jesús Dávila Centeno, uno de los nueve imputados de la causa.

Más allá de los asaltos

El análisis realizado por los investigadores sostiene que la organización no se limitaba a entrar a los domicilios. La teoría sostiene que el grupo tenía acceso a vehículos robados, armas, vestimenta policial, chapas patentes apócrifas o sustraídas, handies y herramientas utilizadas para forzar accesos.

También señala una posible vinculación con la venta y distribución de estupefacientes, aunque los propios investigadores aclararon que varios de esos episodios no pudieron ser comprobados y que se trataría de golpes dirigidos contra personas vinculadas a la distribución de marihuana.

De esta forma, la señalada asociación ilícita habría llegado a estar integrada por unas 20 personas, con distintos niveles de participación. Identificaron supuestos puntos de reunión en el Club Atlético Argentino y en un local comercial denominado El Trébol, al que atribuyen funciones de encuentro, acopio y posible reducción de elementos.

El análisis de las comunicaciones también permitió reconstruir conversaciones posteriores a los robos. Una de ellas, atribuida a Troncoso, menciona una salida para “escruchar con los pibes de GC”, expresión utilizada para referirse al ingreso a viviendas cuando sus moradores no se encuentran.

Para los investigadores, ese tipo de comunicaciones demuestra que los integrantes no actuaban de manera improvisada.

Todo ese entramado es el que llegó ahora a la instancia judicial en la que se discute la prisión preventiva de los sospechosos. La fiscalía sostiene que los imputados formaban parte de una organización que acordaba previamente los medios, la modalidad y el destino del provecho obtenido mediante los robos.

La acusación incluye como eje la presunta asociación ilícita y vincula a los sospechosos con distintos hechos investigados en el Gran Mendoza y otras zonas de la provincia.

La defensa, en tanto, discute el grado de participación que se atribuye individualmente a cada acusado y la existencia de elementos suficientes para mantenerlos privados de la libertad durante el proceso. La jueza Ramón tiene ahora la última palabra sobre la medida cautelar.

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