José Eliseo Funes, el policía acusado de matar de un disparo en la cabeza a un señalado malviviente identificado como Federico Rubén García (37) durante un hecho ocurrido a principios de octubre del año pasado en Luján de Cuyo, será juzgado por un jurado popular luego de un fallo judicial y por decisión de su abogada.
Así lo resolvió este lunes y luego del fin de la feria, el juez Sebastián Sarmiento, quien rechazó todos los planteos de la defensa y consideró que existen elementos suficientes para sostener la acusación impulsada por la fiscal de Homicidios Claudia Alejandra Ríos, que entendió que el efectivo actuó fuera de los límites que permite la ley.
La decisión representa un nuevo revés para el integrante de la Policía de Mendoza, quien permanece con prisión preventiva domiciliaria y afrontará un debate oral acusado de homicidio agravado por la calidad del sujeto activo y por el uso de arma de fuego, un delito que prevé como única pena la prisión perpetua en caso de ser hallado culpable.
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En una extensa resolución a la que accedió El Sol, Sarmiento descartó sobreseer al policía, tal como había solicitado la defensora Susana Soleti en una audiencia desarrollada a principios de mes, al entender que la supuesta legítima defensa invocada presenta múltiples aspectos controvertidos que solo pueden resolverse durante un juicio, con producción de prueba y frente a un jurado.
El magistrado concluyó que, con las pruebas reunidas durante la instrucción, no podía afirmarse que Funes haya disparado para repeler una agresión actual. Por el contrario, destacó que existen elementos que indican que el Chevrolet Prisma conducido por García ya se estaba alejando cuando el policía abrió fuego.
Entre esas evidencias mencionó la declaración de un testigo presencial, los impactos registrados sobre la parte trasera del vehículo, las trayectorias balísticas y el hecho de que el disparo mortal ingresó por la zona posterior del automóvil antes de impactar en la cabeza del conductor.
Para Sarmiento, incluso si durante el inicio de la secuencia el vehículo hubiese alcanzado el pie izquierdo del policía, como sostiene la defensa, ese hecho no alcanzaba para justificar todos los disparos posteriores.
El juez de primera instancia remarcó que la legítima defensa solo existe mientras el peligro es actual o inminente y que, una vez que la amenaza cesa, la respuesta deja de tener carácter defensivo.
Otro de los argumentos centrales de la resolución apuntó a la cantidad de disparos. Según la reconstrucción de la instrucción de la fiscalía, Funes efectuó siete disparos con su pistola reglamentaria contra un vehículo que circulaba por una zona urbana, por el centro lujanino.
Para el juez, esa conducta genera serias dudas respecto de la proporcionalidad del accionar policial y sobre si realmente era el único medio disponible para enfrentar la situación.
Sarmiento también destacó que Funes, por su condición de funcionario policial, contaba con capacitación específica en el uso de armas de fuego y que tenía otras alternativas antes de utilizar la fuerza letal. Entre ellas, señaló que podía comunicar la situación al 911, solicitar apoyo policial o aportar los datos del vehículo para que fuera interceptado mediante un operativo.
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La resolución también descartó otro de los principales argumentos defensivos: el antecedente del robo sufrido por Funes tres días antes, uno de los ejes centrales de la pesquisa.
El juez entendió que ese episodio podía explicar el estado de alerta del efectivo, pero de ninguna manera justificaba los disparos porque se trataba de un hecho ya consumado.
Incluso sostuvo que los objetos encontrados posteriormente dentro del Chevrolet Prisma en que se movilizaba el malviviente -que reforzaban las sospechas sobre García- no podían utilizarse para justificar retrospectivamente la decisión del policía, ya que Funes desconocía esa información cuando abrió fuego.
Del mismo modo, Sarmiento sostuvo que tampoco quedó acreditado que García estuviera armado o que hubiera apuntado con un arma al efectivo. La referencia realizada por Funes sobre un supuesto objeto metálico que observó en manos del conductor, según el magistrado, constituye un aspecto que deberá analizarse durante el debate, pero no alcanza para acreditar que existiera una amenaza real e inmediata.
Con esos fundamentos,concluyó que la teoría de la legítima defensa no aparece demostrada con el grado de certeza necesario para cerrar anticipadamente la causa y sostuvo que será un jurado popular el que deberá determinar si el efectivo actuó conforme a derecho o incurrió en un caso de violencia institucional, tal como sostiene la fiscal Ríos.
La estrategia apuesta al juicio
La resolución llegó pocos días después de que Funes hablara públicamente por primera vez del caso. Lo hizo en el programa El Sol Investiga, emitido por El Nueve Streams y El Sol, donde aseguró que nunca tuvo intención de matar y rechazó la hipótesis de la fiscalía.
Durante esa entrevista sostuvo que actuó convencido de que enfrentaba una situación de peligro y negó haber querido ejecutar una venganza por el robo que había sufrido días antes, cuando delincuentes le sustrajeron su arma reglamentaria y otras pertenencias utilizando un inhibidor de alarmas.
En esa misma oportunidad, su defensora, Susana Soleti, adelantó que dejaría de insistir con nuevos planteos para frenar la elevación de la causa y que la estrategia sería esperar el juicio por jurados, convencida de que los doce ciudadanos concluirán que el policía actuó de acuerdo con los protocolos vigentes.
Malviviente abatido
Tres días antes del episodio, Funes sufrió el robo de su arma reglamentaria y otras pertenencias cuando delincuentes utilizaron un inhibidor de alarmas para abrir su auto, que había dejado estacionado en el centro de Luján.
Las cámaras de seguridad registraron la fuga de los autores en un Prisma oscuro. La mañana del 6 de octubre, mientras estaba de franco y vestido de civil, el efectivo creyó reconocer ese mismo vehículo en la zona de la intersección Azcuénaga y Libertad. Se acercó, se identificó como policía y le ordenó al conductor, Federico García, que descendiera del rodado.
De acuerdo con la investigación, García aceleró para escapar y Funes respondió efectuando siete disparos con su arma reglamentaria. Uno de los proyectiles atravesó la parte trasera del vehículo e impactó en la cabeza del conductor, quien perdió el control, volcó y murió al día siguiente en el Hospital Central.
