El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, minimizó este miércoles el impacto político de la reciente movilización nacional en defensa de la educación pública, asegurando que la situación fiscal del país permanece inalterable.
El funcionario sostuvo que, independientemente del volumen de la protesta, la escasez de recursos es un factor condicionante que no se resuelve con manifestaciones callejeras. “Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, sentenció Álvarez en declaraciones radiales, reforzando la postura de austeridad que mantiene el Ejecutivo nacional.
Durante su intervención, el funcionario vinculó la organización de la marcha a sectores de la oposición y defendió la legitimidad institucional para la toma de decisiones por sobre el clamor popular de las concentraciones. En ese sentido, Álvarez recordó que los criterios de gobernanza se rigen por los procesos electorales y no por la convocatoria de masas.
“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad. Los legisladores y el Presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, remarcó para subrayar la autoridad del mandato presidencial.
Álvarez también fundamentó la posición oficial desde una perspectiva técnica, apelando al cumplimiento estricto de la Ley de Administración Financiera para cualquier intento de ampliación de partidas. Según explicó, la normativa vigente exige que toda ley que implique un gasto debe especificar de manera clara la procedencia de los fondos necesarios para su financiamiento. “Si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto”, advirtió el subsecretario, cerrando la puerta a incrementos que no cuenten con un respaldo económico sólido y previamente identificado.
Finalmente, Álvarez cuestionó el funcionamiento actual de las universidades, denunciando una supuesta desviación de los objetivos académicos hacia fines partidarios, y manifestó que existe una “desvirtuación completa” del sistema, argumentando que una porción considerable del presupuesto se orienta al sostenimiento de estructuras burocráticas en lugar de enfocarse en los alumnos.
Al respecto, concluyó que la prioridad del Estado debe ser la eficiencia en el gasto para cumplir con la misión de las instituciones: “El sistema existe para generar graduados; principalmente, la función es formar gente”.
