La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) salió al cruce de la reciente Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura de la Nación, que dispuso el cierre definitivo del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) y la eliminación de las contribuciones obligatorias que financiaban su funcionamiento.
A través de un comunicado oficial, la entidad calificó la medida como “improcedente, inconsulta e inoportuna”, y advirtió sobre el impacto negativo que podría tener en toda la cadena productiva del vino, especialmente en un contexto económico ya golpeado.
Desde la corporación, que nuclea a distintas cámaras empresarias del sector, señalaron que la decisión del Gobierno modifica aspectos clave del esquema de funcionamiento y financiamiento de la institución. Según remarcaron, estos cambios no son menores, sino que afectan directamente la estructura que viene sosteniendo la planificación estratégica de la actividad desde hace más de 20 años.
En ese sentido, cuestionaron que la resolución avance sobre un régimen establecido por ley, lo que —afirman— pone en duda su legalidad. “Se aparta de los principios de previsibilidad e institucionalidad que deben regir la relación entre el Estado y los sectores productivos”, indicaron, al tiempo que sostuvieron que la Secretaría de Agricultura habría excedido sus atribuciones al introducir modificaciones de fondo.
Frente a este escenario, COVIAR anticipó que convocará de manera urgente a una reunión de Directorio para definir los pasos a seguir. El objetivo, explicaron, será “defender la institucionalidad del sector” y preservar un esquema de planificación que consideran clave para el desarrollo de la vitivinicultura argentina.
Por último, la entidad solicitó formalmente que la resolución sea revisada y dejada sin efecto. También reclamó que cualquier cambio en el sistema se canalice dentro del marco legal vigente, garantizando diálogo, seguridad jurídica y estabilidad para una de las principales economías regionales del país.
