La firma Fuente Mayor New Star notificó al Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) que la reapertura del Casino Tótem de San Martín se produciría recién en marzo de 2027, según reveló un documento exclusivo obtenido por el medio Radio Regional.
Esta nueva estimación temporal surgió tras el devastador incendio del pasado 11 de marzo que provocó pérdidas totales en el edificio, lo que alteró los planes iniciales de una reconstrucción rápida que se preveía completar en apenas cinco meses.
A través de una nota dirigida a la directora del organismo estatal, Ida López, la empresa concesionaria inició las gestiones para tramitar la póliza de seguro y solicitó los informes periciales realizados por Bomberos y la Municipalidad. La reactivación del complejo y la adquisición de los bienes necesarios quedaron condicionadas estrictamente a la efectivización de los pagos por parte de la aseguradora, trámite indispensable para financiar la obra en el predio siniestrado.
Ante la imposibilidad de retomar las actividades de forma inmediata, Fuente Mayor requirió formalmente la suspensión del contrato vigente hasta la fecha de la eventual reinauguración. Asimismo, la empresa pidió autorización para localizar un inmueble alternativo que pueda adaptarse provisoriamente a las necesidades del Anexo Zona Este, solicitando además que el Instituto le provea las máquinas tragamonedas necesarias para mantener operativa la sala de juegos en una ubicación temporal.
La situación generó una creciente incertidumbre respecto al futuro de la planta de personal que desempeñaba tareas en el casino antes del siniestro, ya que informaciones vinculadas a la empresa indicaron que se produjeron despidos y denuncias por falta de pago de salarios en el sector privado, mientras que los agentes dependientes del Estado provincial permanecieron a la espera de ser reubicados en otras áreas de la administración pública.
En conclusión, el avance de las obras de limpieza y la posterior edificación en el terreno original dependen de la resolución de los expedientes administrativos y legales derivados del peritaje del incendio.
