El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), del que forma parte la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), remarcó su preocupación por la situación salarial que atraviesan docentes y no docentes del sistema universitario público, y lamentó las expresiones del Ministerio de Capital Humano “que pretenden confundir a la sociedad argentina, al relativizar la gravedad que el problema, efectivamente, tiene”.
A través de un comunicado oficial, pidieron que sea declarada la emergencia salarial y adelantaron que corre peligro la sostenibilidad de las universidades públicas.
“No es justo ni razonable desmerecer la relevancia de un problema que afecta a miles de trabajadoras y trabajadores de la educación de la Nación, mucho menos intentar quitarle importancia a un problema urgente que afecta el normal desarrollo de las instituciones universitarias públicas”, se lee en el texto.
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Y recordaron lo que han manifestado en reiteradas oportunidades: “Del mismo modo que no hay universidad sin recursos para enfrentar erogaciones básicas para su funcionamiento, mucho menos la hay si docentes y nodocentes no perciben un salario digno acorde a su responsabilidad, ni más ni menos que garantizar las condiciones para que futuros profesionales del país se formen con excelencia en las más distintas disciplinas”.
Rectoras y rectores que integran el CIN plantearon que así como no hay universidad sin recursos para enfrentar erogaciones básicas para su funcionamiento, “mucho menos la hay si docentes y nodocentes no perciben un salario digno acorde a su responsabilidad”.
— UNCUYO (@UNCUYO) August 7, 2024
“La situación salarial en el sistema universitario es extremadamente crítica, con especial énfasis para trabajadoras y trabajadores de menor antigüedad, ya que desde diciembre de 2023 no se ha actualizado la garantía salarial”, agregaron.
En otro de los pasajes del comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, respecto al incremento salarial del 71% otorgado de diciembre a julio de este año, señalaron: “.Lo que no dice es que, en el mismo período de tiempo, la inflación fue superior al 120 %, por lo que, entre noviembre de 2023 y julio de 2024, el salario del personal universitario registró una caída del 45 % en términos reales, ubicando a numerosos trabajadores, especialmente en los tramos iniciales, por debajo de la línea de pobreza, situación que afecta a alrededor del 50 % del personal”.
“Nunca en los 40 años de democracia las condiciones fueron tan desfavorables”
“Esta situación, que afecta a millones de trabajadores de la educación en todo el país, pone en grave riesgo la sostenibilidad de la universidad pública y su capacidad para cumplir con excelencia su misión”, subrayaron desde la entidad enclavada en el Parque General San Martín.
Además de lo detallado anteriormente, expresaron preocupación por el impacto que provocó en los colegios preuniversitarios del sistema la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Y, por otra parte, se refirieron a la crisis que atraviesan las obras sociales universitarias, “que deben enfrentar cuantiosas erogaciones por el excesivo incremento de costos, pero no perciben ingresos que permitan recomponer el desfasaje producido”.
“Como es evidente, las consecuencias de este proceso son múltiples y muy preocupantes. Naturalmente, la pérdida del poder adquisitivo impacta significativamente en la calidad de vida de las y los trabajadoras y trabajadores de las universidades y ello, consecuentemente, compromete su dedicación y compromiso, lo que amenaza con afectar áreas fundamentales de la investigación, la extensión y la calidad de la enseñanza“, subrayaron.
“Durante todo el primer semestre hemos advertido responsablemente la gravedad de la situación con la expectativa de encontrar respuestas que eviten dificultades en el funcionamiento de nuestras instituciones. El pasado 4 de julio, el CIN y las representaciones gremiales docentes, nodocentes y estudiantiles manifestamos en conjunto nuestra alerta. Sin embargo, lamentamos que, a pesar de la sostenida advertencia, no se haya decidido aún ni siquiera garantizar con sistematicidad el normal funcionamiento del ámbito paritario nacional, de manera de tener un espacio que permita abordar el problema e imaginar soluciones posibles”, cierra el documento.
