Este jueves, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) confirmó que se intensificaron las tareas de control de residencia real de adjudicatarios titulares de las casas que entrega el Gobierno de Mendoza y que están destinadas a vivienda única familiar.
En cinco meses ya se revocaron ocho titularidades de casas que no eran habitadas por los beneficiarios reales. Actualmente analizan más de 170 casos. Se detectaron irregularidades en la ocupación de las casas que, entre otras formas, se usaban para alquileres temporarios mediante plataformas en línea.
Esto desembocó en la desadjudicación de tres propiedades durante los últimos siete meses de este año, y otras cinco van por el mismo camino, en un complejo de la Ciudad de Mendoza.
“Es importante que el Gobierno de Mendoza lleve adelante estas acciones, básicamente, porque hace a la equidad y ser justos, pero esto adquiere un significado mayor cuando hablamos del acceso a la vivienda digna. Tan necesario para, junto con otros aspectos, tener una vida plena. Es tan alta la demanda de un techo digno, máximo en un país donde por muchísimos años no ha existido el crédito hipotecario, que nos cabe desde el Estado la responsabilidad moral de buscar casos como estos que impiden que personas con necesidades genuinas de vivienda hayan sido desplazados por gente que busca hacer un negocio o una diferencia. La vivienda tiene un valor social fundamental. Ya lo menciona la Constitución Nacional cuando habla de la vivienda digna en el artículo14 bis”, declaró Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial.
Superadas estas instancias, se quita a los beneficiarios la asignación de las viviendas que no estén escrituradas. Luego, las casas recuperadas mediante estos procesos se destinarán a familias con alto grado de vulnerabilidad, según lo que determinen el IPV y el Municipio correspondiente.
Actualmente, el organismo evalúa otros 176 casos que se encuentran en diferentes estados del proceso de desadjudicación.
