El jueves pasado, la mesa de negociaciones entre gremios y empresarios concluyó sin acuerdo, llevando al Gobierno nacional a considerar un aumento unilateral del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que actualmente se sitúa en $156.000. La administración de Javier Milei evalúa cifras entre $203.000 y $220.000 a partir de marzo, generando un marcado contraste con la exigencia de la CGT, que busca elevarlo a cerca de $290.000 desde febrero.
En la reciente sesión del Consejo del Salario, el desacuerdo sobre el incremento del SMVM desencadenó un fuerte reclamo gremial ante el rechazo de las cámaras empresarias a una subida del 85%. Aunque Milei previamente descartó un decreto, se especula que podría recurrir al laudo, una figura que permite al Gobierno actuar como árbitro y tomar medidas de forma unilateral en ausencia de acuerdo.
La propuesta del Ejecutivo apunta a un aumento tope cercano al 30%, dividido en dos cuotas: la primera del 18% o 19%, y la segunda del 12% u 11% restante. Este límite se justifica en medio de un programa de restricción fiscal, considerando el impacto en programas sociales como Potenciar Trabajo, Becas Progresar y seguro de desempleo, vinculados a la variación del salario mínimo.
La definición del incremento conlleva un costo fiscal para la actualización de estos programas, como Potenciar Trabajo, que beneficia a 1,2 millones de personas y remunera medio salario mínimo por cuatro horas de trabajo en diversos sectores.
Ante la falta de consenso, el Gobierno se verá obligado a emitir un laudo, conforme al artículo 137 de la ley 24.013 de 1991, con consecuencias para las cuentas públicas. La reunión del Consejo del Salario, calificada por la CGT como una “ruptura histórica”, no descarta medidas de fuerza, mientras persiste la incertidumbre sobre el monto definitivo del SMVM y los mínimos y máximos de la prestación por desempleo.
