Sigue levantando polvareda la posible utilización política del Potenciar Trabajo. Recientemente, se conoció que 9.041 empleados provinciales de 20 jurisdicciones y CABA percibían esta prestación.
Para colmo de males, todavía no se conoce la información de lo que sucedía en Tierra del Fuego, La Pampa, Chubut y Catamarca, distritos que ya fueron intimados por Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS). Mendoza es una de las provincias en las que se registraron irregularidades.
De acuerdo a los calculados que realizó la Justicia, el desfalco al Estado nacional actualizado es de $705.198.000 por mes, llegando a casi ocho mil millones de pesos por año.
Marijuan le pidió a los fiscales y jueces de cara jurisdicción que “se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa” para “hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.
El fiscal, que se abocó a esta tarea en noviembre de 2023, confirmó que en la provincia de Tucumán se registran 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; en La Rioja, 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; en Jujuy, 652; en Corrientes, 518; Salta, 434; Río Negro, 198; Córdoba, 194; Formosa, 180; Santa Cruz, 128; CABA, 231; Santa Fe, 350; San Juan, 109; Mendoza, 173; Neuquén, 343; San Luis, 43; Entre Ríos, 106; Chaco, 336; y Misiones, 321.
La normativa del Potenciar Trabajo es clara y señala que una de las incompatibilidades para percibir el plan es “la existencia de empleo formal registrado, a excepción de los trabajadores temporarios o estacionales conforme lo contemplado”.
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Además, puntualiza como incompatible “el ingreso y la permanencia en el Programa para aquellas personas que realicen alguna prestación social y/o de empleo en el estado provincial, municipal o en organizaciones no gubernamentales cuyas tareas suplante la actividad propia de los empleados de los mismos”.
La titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya dio de baja a 4.588 de esos beneficiarios y por estas horas analiza los últimos entrecruzamientos de datos que, en base a la orden de Marijuan, se realizó mediante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Desde que Javier Milei se puso al frente de la Presidencia, el Gobierno dio de baja a 36.249 beneficiarios del principal programa social junto al alimentario.
Además, de las personas que eran empleados públicos y cobraban el plan, se encontró otras irregularidades, por ejemplo, personas que percibían una jubilación o pensión, prestación por desempleo, monotributistas categoría C o superior, trabajadores autónomos, fallecidos o poseedores de un auto con menos de 10 años de antigüedad.
