El Gobierno sobrecumplió la meta de déficit fiscal pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el 2022, tras registrar un rojo del 2,4% del PBI, apenas por debajo del 2,5% acordado con el organismo multilateral.
De esta manera, el ministro de Economía, Sergio Massa, da por cumplida una de las metas que se planteó al comenzar su gestión: ordenar las cuentas fiscales que a mitad de año lucían desbordadas.
El ministro Massa hizo referencia al “desborde” que encontró en las cuentas públicas durante una gira que realizó por los Estados Unidos durante octubre.
“Veníamos de un proceso que nos llevó a un desborde del 12,4% al mes de junio en términos del déficit”, recordaba Massa en aquella visita a los Estados Unidos, donde se reunió con inversores y autoridades del FMI.
El orden fiscal fue uno de los cuatro objetivos que formaron parte de la hoja de ruta de Massa y en simultáneo al ordenamiento de las cuentas del sector público, propuso concentrar las energías en el fortalecimiento se reservas, el necesario superávit comercial y el desarrollo con inclusión social.
En esta línea, el ministro convocó a un gran acuerdo nacional para los próximos 30 años que gire en torno de valores centrales como el orden de las cuentas públicas, la competitividad y el desarrollo.
Respecto de su lectura de las cuentas públicas, siempre abogó por computar a los ingresos provenientes de organismos multilaterales como inversión de desarrollo, sin necesidad de tomarlo como un requisito para el cumplimiento de una meta fiscal.
De cara a este año con una meta prevista del 1,9% del PBI, se vienen grandes desafíos para la administración de las cuentas públicas.
Si bien siempre hay un margen de negociación para avalar lo firmado con el FMI, en la medida que el número no se aleje de lo pactado, el gobierno enfrenta un año que ya encendió sus primeras alarmas en cuanto a la generación de divisas.
La primera gran preocupación pasa por la sequía que castiga al campo, que quizás no aportará las divisas esperadas para el ejercicio 2023.
Por otro lado, se trata de un año electoral en el que se elegirán nuevas autoridades, con los consecuentes gastos adicionales que inevitablemente se presentan en los períodos pre eleccionarios.
