Por más repetitivo que parezca, el conflicto de los anestesiólogos y el Gobierno de Mendoza sigue sumando capítulos que dejan mucha tela para cortar.
Tal cual contó este diario el día viernes, la ministra de Salud, Ana María Nadal, presentó un proyecto para declarar la emergencia en en el servicio de anestesiología por 18 meses.
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Además, la funcionaria en cuestión, los tildó de corporativos. Estos dichos no pasaron desapercibidos y elevaron la temperatura.
De hecho, a los pocos minutos, la ex diputada provincial del PRO y médica Hebe Casado, saltó con los tapones de punta en sus redes sociales.
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Pero esto no es todo. El Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados de Mendoza (Sitea), se solidarizó con los anestesiólogos en su lucha.
“Sin salarios dignos no habrá salud pública digna”, titularon un comunicado que comenzó a circular el fin de semana.
En uno de los párrafos, el gremio que tiene al frente a Víctor Hugo Dagfal, señaló: “Suarez intenta obligar a las y los trabajadores de la salud a cumplir tareas en condiciones laborales y salariales indignas, bajo la amenaza de ser excluidos del Estado durante 5 años, o perder por igual periodo la matriculación profesional, lo que les impedirá el desempeño de actividades públicas y privadas. Es decir, trabajo forzoso o ‘muerte’ laboral”.
“Una vez más el Gobierno de Mendoza apela a la fuerza, en lugar del diálogo democrático, para intentar disciplinar a la clase trabajadora. El mismo Gobierno que constantemente criminaliza la pobreza, la protesta social y el ejercicio libre de la actividad sindical, elige esta vez como víctima de su autoritarismo a los médicos y médicas que hasta no hace mucho destacó como ‘héroes de la pandemia’. Trabajadoras y trabajadores de la salud que, producto del ajuste y la precarización laboral sistemática, han visto desplomado el poder adquisitivo del salario, viéndose obligados a pensar en la migración a provincias o países vecinos con la esperanza que nuestra Mendoza no les brinda”, se lee más adelante en el comunicado que aterrizó en la redacción de este diario.
Y le exigieron “a las y los legisladores provinciales que no se presten al juego antidemocrático que propone el gobernador Suarez. En concreto, que no den tratamiento al vergonzoso proyecto remitido a la Casa de las Leyes. Ya que se trata de una afrenta a los derechos de las y los trabajadores del Estado mendocino, y una pretensión burda y autoritaria que busca castigar de manera ejemplificadora a un grupo de médicos y médicas, para sembrar el miedo y disciplinar así a todo aquel que ose reclamar lo que es justo”.
“La eventual sanción de esta ley lejos de traer salud a la población de Mendoza, profundizará una crisis sanitaria de larga data, cuyos principales responsables no son las y los trabajadores de la salud, son los funcionarios de gobierno que se lavan las manos y buscan en el Poder Legislativo un cómplice para aplicar un pésimo remedio”.
“Sin inversión pública no se mejorarán los servicios públicos. Sin salarios dignos no habrá nunca salud digna”, finalizaron.
En las próximas horas, se espera que los anestesiólogos se pronuncien respecto de esta polémica iniciativa del Gobierno de Mendoza, que no cayó para nada bien entre los galenos de la provincia.