El oficialismo aprobó en el Senado y giró a Diputados el proyecto de reforma del Ministerio Público que flexibiliza la designación del procurador General de la Nación y reconoció que buscará remover al jefe de los fiscales interino, Eduardo Casal.
La iniciativa impulsada por el Frente de Todos fue aprobada con 42 votos a favor y 27 en contra por parte de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal, que consideraron que la reforma permitirá reemplazar al procurador interino con el voto de la Comisión Bicameral de Ministerio Público del Congreso y le dará “mayor control al oficialismo de turno”.
La bancada oficialista justificó la baja de la mayoría para elegir al procurador con la eliminación del mandato vitalicio que rige actualmente, aseguró que la situación de la Procuración es “irregular” y afirmó que “no se trata de Rafecas sí o Rafecas no, se trata de Casal sí o Casal no”.
Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Justicia y defensor inicial del proyecto, Oscar Parrilli, quien además destacó del proyecto el reemplazo del mandato vitalicio del procurador por “un plazo de cinco años, reelegible por un período más”, y que “no puede ser designado cuando hay elección presidencial”.
“Como ya no es vitalicio, no nos parece conveniente que tenga mayoría de dos tercios. Esto no quiere decir que no los busquemos, lo que quiere decir es que hay un mínimo, que es mayoría absoluta, 37 votos”, agregó Parrilli sobre uno de los puntos más controverisales.
El neuquino también destacó que el proyecto le da a la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público la facultad de “evaluar la política criminal” que diseña adelante la Procuración General por estar a cargo de los fiscales.
La idea de remover a Casal fue ratificada por el rionegrino Martín Doñate (Frente de Todos), mientras que otros miembros del oficialismo, como la mendocina Anabel Fernández Sagasti, remarcaron que se da una “irregularidad” con el interino.
“Es fundamental que avancemos en esta reforma porque venimos a normalizar una situación que atraviesa el Ministerio Público Fiscal, en donde el procurador fue designado de manera interina desde hace tres años”, señaló Sagasti.
Además, el oficialismo sostuvo que la gestión de Mauricio Macri “forzó la renuncia” de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y aseguró que en aquel entonces se publicó en un diario el teléfono de su hija.
En tanto, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, acusó al oficialismo de trabar el pliego de Rafecas porque con este proyecto “en caso de vacancia la Comisión Bicameral del Congreso podrá designar un reemplazante” y apuntó: “No hay procurador porque no se discute, no lo han puesto a consideración, no convocaron a las audiencias”.
A su turno, jefe del Frente de Todos, José Mayans, se aludió a esa acusación y retrucó: “La oposición dijo que la audiencia pública (para evaluar al candidato a procurador) solo se podía hacer de forma presencial, no mientan. Esa fue su apretada”.
La cordobesa Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio) afirmó con este proyecto “cualquier diputado puede iniciar un juicio político para sacarlo a Casal”, a quien “al rato se lo puede suspender por 180 días”.
Además, sostuvo que “se establece que ante la vacancia, que es lo que se viene, se puede cubrir el cargo con los fiscales de distrito” que, según afirmó la senadora, son cercanos al Frente de Todos.
Por su parte, el también cordobés Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio) afirmó: “Se pretende construir un aparato de fiscales que solo requerirá congraciarse con el oficialismo de turno, ni siquiera con ustedes, sino también con el que venga”.
