La diputada de la UCR por Mendoza, Jimena Latorre, participó ayer de la audiencia pública convocada por el ENRE para tratar los regímenes tarifarios de transición en 2022.
Durante su exposición, Latorre planteó una serie de interrogantes y algunas reflexiones “en función de los datos y declaraciones, dispersión, improvisación e incoherencias de los funcionarios de la cartera”.
En su primera intervención, hizo referencia a los subsidios para la tarifa eléctrica y cuestionó: “¿Son conscientes que si seguimos en este sendero en diciembre vamos a alcanzar los niveles de subsidios de 2015?”, y puntualizó “en 2015 los subsidios cubrían el 88% del precio de la energía para un residencial. En 2019 se bajó a un 22%. Hoy, según la programación provisoria de CAMMESA, un residencial solo paga el 19% del costo de generación, es decir el 81% es cubierto por subsidios”.
Luego, se preguntó: “¿En serio van a plantear como ‘circunstancias exógenas’ asimilables a la sequía, la inflación y el atraso cambiario?” y sentenció: “Los subsidios crecen a un ritmo del 140% interanual por la decisión política de congelar el precio con una inflación anual superior al 50%”.
“Si no pueden dar precisiones sobre las principales variables macroeconómicas desde las carteras dependientes del Ministerio de Economía de la Nación, que por otra parte son las que están prometiendo y comprometiendo medidas de ajuste para una necesaria negociación con el FMI, ¿a quién se las pedimos? La economía energética está directa e íntimamente vinculada con la política económica. O en este gobierno hay ‘dos políticas disociadas’: una que responde a las ideologías del Subsecretario Basualdo y al Instituto Patria y otra que responde al Ministro de Economía y las metas de reducción de gasto y del déficit”, agregó la sureña.
Y siguió: “El Ministro del que dependen los funcionarios que abrieron esta audiencia, aunque lo desconozcan, envió un proyecto de presupuesto al Congreso para 2022, y por más que lo rechazamos ha afirmado que será la pauta de gasto que seguirá para poder acordar con el FMI. Ese programa tiene un solo objetivo: la reducción de los subsidios energéticos”.
Entonces, volvió a preguntar: “¿Cuál es la pauta presupuestaria que debe cumplir el programa destinado al subsidio de la generación eléctrica? ¿Cuál es el aumento del precio estacional necesario para cumplir esa meta? ¿A cuánto ascenderían las partidas presupuestarias adicionales de no realizar aumentos?”.
“Si tomamos lo aquí expuesto, el aumento será entre el 17 y 20% en las tarifas del AMBA. Pero reconocieron que en 17 provincias del interior el aumento en 2021 fue del 23% promedio y lo corrijo, fue del 30% promedio, mientras que en el AMBA fue del 9%. ¿Ese es el federalismo de este Gobierno? Los ciudadanos del interior pagamos las tarifas nuestras, los impuestos y la inflación para subsidiar las del AMBA”, amplió.
Y se dirigió hacia Soledad Minin: “A la Sra. Interventora del ENRE le pregunto, ¿cuándo van a realizar las revisiones tarifarias que ordena realizar la ley de emergencia 27.541 de diciembre 2019? ¿Cuándo comenzará la renegociación de contratos que su gobierno volvió a romper a partir del congelamiento y que expone al Estado Argentino y a los usuarios a un enorme pasivo contingente frente a las empresas por incumplimiento de contratos? ¿No le da vergüenza la indignidad de ocupar un cargo vacío de funciones, ilegítimo y sin absolutamente ningún resultado a dos años de una tarea que le encomendaron por 180 días?”.
Sobre el cierre, se refirió a la segmentación tarifaria: “Me quedé esperando la exposición del subsecretario Basualdo que después de dos años de vagancia e inoperancia terminó encontrando la solución en un GPS, un criterio de georreferencia, obsoleto y no utilizado en ningún otro país del mundo. Que ese 10% de los usuarios del AMBA, unos 487 mil usuarios que representan el 4% de la población total, soporten aumentos tarifarios muy por encima de la inflación representa un ahorro entre 200/500 millones de dólares de las 7.200 millones de dólares que destinaron a subsidios eléctricos en 2021”.
“Esta audiencia es una puesta en escena, una falta de respeto a la ciudadanía. Los funcionarios se limitan a leer saludos vacíos de contenidos, la información publicada carece de datos que permitan un análisis serio, no hay informes del Ente que debería ser técnico y no político, y menos que menos planificación que permita ver un sendero de recuperación de las cuentas públicas y la balanza comercial energética”, concluyó.
