Pedro Esteban Morales Anisco, el interno que para el Gobierno se convirtió en el “enemigo público número 1” de Mendoza, volvió este miércoles a quedar frente a la Justicia federal. El líder del módulo 4.1 del Complejo Penitenciario Almafuerte sumó nuevos delitos a su extenso prontuario: lavado de activos y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, este último vinculado con el secuestro de casi 3,7 kilos de marihuana hallados el 4 de diciembre del 2024 en el sector de los corrales -conocido también como el gallinero- del penal de Cacheuta.
La audiencia de formulación de cargos, realizada en la Biblioteca del edificio de calles España y Pedro Molina frente al juez Alberto Daniel Carelli y un importante número de abogados, no solo volvió a poner a Morales Anisco en el centro de la escena.
El auxiliar fiscal Lucas Parisi Garnica también imputó a otras 16 personas por diferentes delitos que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal y el trabajo desarrollado por la Policía Contra el Narcotráfico (PCN), integraban una organización con funciones claramente divididas para obtener dinero mediante estafas virtuales, comercializar sustancias dentro de la cárcel y, posteriormente, introducir esas ganancias en el circuito económico formal mediante una compleja maniobra de lavado.
La venta de drogas dentro de la cárcel era apenas una parte del negocio. Detrás de las condenas que el mes pasado recibieron el referente Pedro Esteban Morales Anisco (30), alias Piter, otros internos del módulo 4.1 de Almafuerte y un…
Entre los imputados aparecen la pareja del Piter, una cuñada, su suegro, otros internos del módulo 4.1, presuntos operadores externos, personas que habrían actuado como intermediarios financieros y hasta dos agentes del Servicio Penitenciario provincial, quienes fueron acusados de cohecho pasivo por sospechas de haber recibido dinero a través de billeteras virtuales para favorecer el funcionamiento de la organización.
La imputación -y prisión preventiva dictada por el juez– representó un nuevo capítulo en la carrera criminal de Morales Anisco, un hombre de 30 años que desde hace varios meses ocupa un lugar central en las investigaciones más complejas vinculadas con el crimen organizado en Mendoza.
Y no será la última, porque a fines de agosto deberá enfrentar una audiencia de prisión preventiva por ser el autor intelectual del ataque que sufrió una niña de 11 años en el oeste de Godoy Cruz, en una causa que lidera el fiscal de Homicidios Oscar Malla.
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Actualmente cumple una pena única de 28 años de prisión, producto de diferentes condenas, entre ellas un homicidio cometido en Guaymallén, además de otras causas por delitos contra la propiedad y, más recientemente, por venta de drogas intramuros.
Sin embargo, para los detectives policiales y judiciales, el encarcelamiento nunca significó el fin de sus actividades delictivas. Por el contrario, sostienen que desde el interior del módulo 4.1 continuó ejerciendo poder, consolidando liderazgo sobre otros reos y dirigiendo una estructura que trascendía ampliamente los límites del encierro.
Ese convencimiento comenzó a fortalecerse a partir de una serie de procedimientos desarrollados durante los últimos dos años. El secuestro de teléfonos celulares durante allanamientos y requisas, los peritajes sobre cientos de conversaciones de WhatsApp, el análisis de billeteras virtuales, cuentas bancarias y movimientos financieros permitieron a los detectives de la PCN reconstruir, paso a paso, el funcionamiento de una organización que, según la acusación, operaba con una estructura propia de una empresa criminal, a pesar de que, por ahora, no tienen en la espalda la imputación de asociación ilícita.
Los investigadores que hablaron con este diario, que viene revelando desde hace más de dos años las actividades intramuros del Piter, describieron una división de tareas perfectamente establecida.
Mientras algunos internos administraban la venta de estupefacientes dentro de Almafuerte y coordinaban maniobras de estafa mediante redes sociales, otro grupo de personas en libertad recibía el dinero, lo distribuía entre distintos integrantes y lo hacía circular a través de múltiples cuentas bancarias y plataformas de pago para dificultar el seguimiento de los fondos.
La pieza central de esa estructura, siempre de acuerdo con los trabajos investigativos que se expusieron, era Morales Anisco.
Los trabajos elaborados por la PCN concluyeron que el Piter era el usuario identificado como “Compañero” en buena parte de las conversaciones analizadas. Bajo ese nombre aparecía impartiendo órdenes, autorizando operaciones, administrando deudas entre internos, definiendo la entrega de estupefacientes y controlando las principales cuentas utilizadas para recaudar dinero.
Con esa base, los fiscales (inicialmente trabajó en la causa María Eugenia Abihaggle, de Casos Sencillos) sostienen que su autoridad era reconocida tanto dentro como fuera del establecimiento penitenciario.
De hecho, numerosas conversaciones muestran que otros integrantes consultaban con “Compañero” antes de concretar determinadas operaciones, mientras que varios interlocutores hacían referencia a él como el responsable final de las decisiones económicas y logísticas.
Esa posición de liderazgo llevó a quienes trabajaron el caso a ubicarlo en la cúspide del organigrama de la organización. La causa, sin embargo, no se limitó al tráfico de drogas intramuros.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el volumen de dinero que comenzó a detectarse en cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas con el entorno del Piter. El análisis financiero permitió reconstruir movimientos de millones de pesos, una masa de dinero que, para la fiscalía, no podía justificarse con actividades lícitas y que terminó dando origen a la investigación por lavado de activos.
Pero antes de avanzar sobre ese circuito financiero, la pesquisa ya había comenzado a desnudar otra realidad dentro del módulo 4.1: el funcionamiento de un sistema permanente de comercialización de drogas que abastecía a los internos y que tenía a Morales Anisco como principal referente.
Precisamente, uno de los hechos que ahora le sumó una nueva imputación ocurrió el 4 de diciembre de 2024, tal como informó El Sol.
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Ese día, personal penitenciario recibió un dato que derivó en una requisa dentro del sector de los corrales del módulo. Allí encontraron cinco panes de marihuana ocultos entre las instalaciones del gallinero. Los ladrillos, envueltos con cinta de embalar marrón, pesaban en total 3.649 gramos. Durante el mismo procedimiento también fueron hallados dos envoltorios con cocaína escondidos en un desagüe cloacal.
Ese cargamento no era un hecho aislado. La hipótesis sostiene que formaba parte del mismo circuito de abastecimiento de estupefacientes que luego era comercializado dentro del penal, motivo por el cual ese episodio fue incorporado como uno de los nuevos hechos atribuidos a Morales Anisco durante la audiencia realizada este miércoles, la que comenzó a las 8 y culminó después de las 18. Por ese mismo hecho, un interno identificado como Mario Subia Bejarano también fue imputado.
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La estructura delictiva
La reconstrucción de esa presunta organización demandó meses de trabajo para la PCN y el Ministerio Público Fiscal. Los investigadores no solo analizaron los teléfonos celulares secuestrados durante distintos procedimientos realizados en diciembre del 2024 y julio del año pasado, sino que también cruzaron miles de conversaciones extraídas de WhatsApp con informes bancarios, billeteras virtuales, registros penitenciarios y tareas de campo.
El expediente describe una maquinaria permanente de engaños ejecutada desde el interior del penal utilizando perfiles falsos en redes sociales y múltiples líneas telefónicas, además de la venta de drogas.
Las publicaciones aparecían principalmente en Facebook, donde se ofrecían electrodomésticos, motocicletas, teléfonos celulares, alquileres, créditos personales, gestorías para obtener licencias de conducir, alquiler de juegos infantiles, venta de garrafas y hasta supuestos reembolsos de dinero.
Las víctimas realizaban las transferencias creyendo que concretaban una compra legítima. Sin embargo, los productos nunca eran entregados. Los investigadores también detectaron maniobras mucho más sofisticadas.
Una de ellas consistía en crear perfiles falsos de adolescentes mujeres para contactar hombres adultos mediante conversaciones de contenido sexual. Después del intercambio de fotografías, aparecían supuestos familiares exigiendo dinero para evitar una denuncia penal. Esa modalidad es conocida como sextorsión.
En otros episodios, los reos simulaban ser funcionarios judiciales y reclamaban pagos bajo la amenaza de iniciar actuaciones judiciales contra las víctimas. Para la fiscalía, todas esas maniobras tenían un mismo destino: generar recursos que luego eran canalizados mediante un complejo entramado financiero.
Sostiene que el dinero no ingresaba directamente a cuentas manejadas por Morales Anisco. Por el contrario, era derivado hacia distintas billeteras usadas como centros de recaudación.
Con el paso de las semanas, identificaron especialmente dos cuentas consideradas estratégicas: una registrada a nombre de Jorge Luis Bastías y otra perteneciente a Jonathan Sassone, ambos internos del módulo 4.1. Según el análisis financiero, esas cuentas funcionaban como verdaderas cajas recaudadoras de la organización. También otro reo identificado como Bruno Vicencio. Todos juntos con el Piter fueron acusados por lavado agravado.
El dato que terminó de convencer a los investigadores sobre la magnitud de la estructura fue el movimiento registrado en la cuenta atribuida a Bastías.
Durante el período investigado recibió más de 469 millones de pesos provenientes de 1.470 remitentes diferentes, una cifra considerada incompatible con cualquier actividad económica lícita y que, según la acusación, evidencia el enorme volumen de dinero que circulaba alrededor de la organización.
A partir de allí comenzó otra etapa de la pesquisa. Los especialistas en análisis financiero empezaron a seguir el recorrido del dinero una vez que abandonaba esas cuentas.
Fue entonces cuando dieron con nombres que hasta ese momento no tenían participación visible dentro de la causa y que, de acuerdo con la hipótesis acusatoria, cumplían funciones específicas para sacar los fondos del circuito generado dentro de la cárcel, redistribuirlos y otorgarles apariencia de legalidad.
Los diferentes trabajos describieron cinco niveles claramente diferenciados: una conducción interna encabezada por el Piter; cuentas utilizadas para recaudar dinero dentro del circuito; operadores externos encargados de distribuir los fondos; personas que ejecutaban tareas logísticas y financieras; y un último grupo integrado por quienes presuntamente cumplían funciones compatibles con el lavado o reinserción del dinero en el sistema económico formal.
Ese esquema fue reconstruido gracias a la coincidencia entre conversaciones telefónicas, registros bancarios, movimientos de billeteras virtuales y seguimientos realizados durante varios meses.
Precisamente, el análisis de esa red financiera terminó llevando a la fiscalía a imputar no solo al líder del módulo 4.1, sino también a familiares directos, allegados, operadores externos e incluso a dos agentes penitenciarios que habrían recibido pagos para favorecer el funcionamiento de la organización desde el interior del complejo Almafuerte.
En ese segundo nivel de la estructura aparece una figura considerada clave por los investigadores: Daiana Ayelén Giménez, pareja de Morales Anisco, quien, según la acusación, se transformó en el principal puente entre los negocios que se desarrollaban dentro del penal y el circuito financiero que operaba en el exterior. Durante la mañana de este miércoles, estuvo presente en la audiencia y dijo que era comerciante, que no había terminado el secundario y que no tenía antecedentes.
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Justamente, la ubicaron como el principal eslabón financiero externo de la organización. De acuerdo con las pruebas que se expusieron, recibía dinero desde las cuentas utilizadas para recaudar fondos dentro del módulo 4.1, especialmente aquellas vinculadas a Bastías y Sassone, además de otras transferencias provenientes de familiares e internos alojados en ese sector de Almafuerte.
El análisis financiero determinó que sus cuentas concentraban y redistribuían más de 57 millones de pesos durante el período investigado, aunque otros informes incorporados al expediente elevan esa cifra a más de 90 millones considerando la totalidad de los movimientos analizados.
Lo que terminó de colocarla en el centro de la instrucción fue otro dato: era la única persona que registraba movimientos económicos con los seis principales investigados de la causa, circunstancia que, para los especialistas, la convirtió en el principal nexo entre el interior del penal y quienes operaban en libertad.
El segundo nombre que fue detectado con mayor relevancia fue el de Ángel Daniel Corbera, un hombre sospechado con el comercio de sustancias en Guaymallén.
La acusación lo describió como el principal socio externo de Morales Anisco. Aseguraron que mantenía movimientos financieros con al menos cinco de los principales integrantes de la organización y que habría administrado distintas construcciones inmobiliarias donde presuntamente se reinvertían parte de los fondos investigados.
Detectaron numerosas transferencias entre cuentas de su propia titularidad, una modalidad utilizada para dificultar el rastreo del origen del dinero. Sus movimientos financieros superaban los 47 millones de pesos. Corbera, además, quedó con pedido de captura luego de no presentarse a la audiencia de acusación pese a haber sido debidamente citado.
Junto a él fue acusada su pareja, Melanie Rosario Moreno Coria, quien sí estuvo este miércoles. Los investigadores sostienen que la mujer recibía fondos provenientes de cuentas consideradas estratégicas para la organización, especialmente desde las utilizadas por Bastías y Daiana Giménez. Para la fiscalía, su participación estaría vinculada con la recepción y circulación del dinero dentro del circuito investigado.
Otro de los personajes considerados relevantes es José Gastón Reale. Lo ubicaron como uno de los principales operadores logísticos externos. Según la reconstrucción realizada por la PCN y la fiscalía, no solo manejaba importantes sumas de dinero, sino que además conseguía teléfonos celulares para los internos del módulo 4.1 y coordinaba parte de la logística necesaria para mantener las comunicaciones desde el penal.
Incluso, sostuvieron que habría sido quien entregó el teléfono celular utilizado por Morales Anisco durante parte de la investigación, expuso el Ministerio Público.
El análisis financiero detectó movimientos cercanos a los 60 millones de pesos y operaciones con la mujer de Morales Anisco por aproximadamente 8,5 millones, además de múltiples transferencias hacia otros integrantes de la estructura.
Muy cerca de Reale aparece Mariano Adrián Vargas Gómez. La acusación lo describió como un distribuidor e intermediario financiero con una estrecha relación con Morales Anisco. Los movimientos bancarios evidenciaron permanentes transferencias con distintos integrantes del circuito, motivo por el cual la fiscalía entiende que cumplía funciones de distribución y ejecución dentro de la organización.
Otro nombre que despertó especial interés entre los investigadores fue el de Nahuel Pérez, principalmente con el lavado de dinero. Este joven estuvo este miércoles en los tribunales. En ese contexto también fue acusado Agustín Elías Calcagano, vinculado a movimientos financieros y coordinación de pagos.
El expediente sostiene que se convirtió en el mayor receptor individual de dinero proveniente de Daiana Giménez. Las transferencias recibidas superaron los 63 millones de pesos y, según la investigación, también realizaba retiros millonarios en distintas entidades financieras, principalmente con un banco.
Para la fiscalía, esos movimientos resultaron compatibles con tareas de reinserción del dinero dentro del circuito económico formal, una de las maniobras típicamente analizadas en investigaciones por lavado de activos.
Otro joven identificado como Federico Tamuch también quedó imputado. En su caso, aseguraron que recibía transferencias desde cuentas utilizadas por la organización, especialmente desde las vinculadas con el interno Bastías. Su participación, siempre de acuerdo con la hipótesis acusatoria, estaría relacionada con la recepción y posterior circulación de fondos de origen ilícito.
La investigación también alcanzó al entorno familiar de Daiana Giménez. Su hermana, Nahir Estefanía, fue acusada porque los especialistas detectaron vínculos financieros con cinco de los seis principales investigados de la causa. Esos movimientos habrían sido compatibles con tareas de intermediación financiera o lavado de activos. Una situación similar enfrentó Carlos Marcelo Giménez, su padre y suegro del Piter.
Fue ubicado participando de movimientos económicos compatibles con maniobras de intermediación dentro del circuito investigado, razón por la cual también quedó acusado en esta etapa del proceso.
Otro de los nombres incorporados a la causa es el de Rocío Ángeles Sosa. Se trata de una mujer que visitaba frecuentemente a Morales Anisco en la cárcel de Almafuerte y que, según la teoría fiscal, actuaba como nexo entre el círculo íntimo del Piter y distintos operadores externos mediante transferencias realizadas principalmente a través de Mercado Pago. Por lo que detallaron fuentes del caso, cumplía funciones de enlace entre quienes permanecían detenidos y quienes administraban el dinero fuera del establecimiento penitenciario.
Dos penitenciarios por cohecho
La acusación alcanzó incluso a dos integrantes del Servicio Penitenciario Provincial. Se trata de Carlos Augusto Padilla y Gonzalo Becerra. Ambos oficiales fueron acusados de recibir dinero de los internos a cambio de algunos favores y acusados por cohecho pasivo.
Para la fiscalía, la continuidad de esos movimientos durante más de dos años descartó que se tratara de operaciones aisladas y resultaron compatibles con pagos periódicos destinados a facilitar el ingreso de teléfonos celulares, estupefacientes y otros elementos prohibidos al Complejo Penitenciario Almafuerte. Recibían pagos millonarios.
La escena se trasladó del penal a los pasillos judiciales. Pedro Esteban Morales Anisco, el interno señalado como uno de los hombres con mayor peso dentro del complejo penitenciario de Cacheuta, fue citado este lunes al edificio del Ministerio Público Fiscal.…
No está todo terminado
Así las cosas, la situación del Piter se agravó durante este año, cuando su nombre comenzó a aparecer en algunos de los expedientes más sensibles que tramitan en la Justicia provincial y federal.
Entre ellos, la causa por el ataque a tiros contra una niña de 11 años en el barrio Los Cerros, hecho que las autoridades vincularon con la disputa que mantenía con su antiguo aliado Marcelo Agüero Declaux, alias Tapón, por el control de distintos negocios vinculados con el narcotráfico.
A partir de entonces, el Gobierno provincial decidió endurecer las medidas de seguridad sobre el interno y comenzó a considerarlo el principal referente del crimen organizado que continúa operando desde el sistema penitenciario mendocino.
Su traslado inicialmente al régimen de Muy Alto Perfil (MAP), las restricciones en las comunicaciones y los permanentes operativos dentro de Almafuerte formaron parte de esa estrategia para intentar cortar los vínculos que, según las investigaciones, mantenía con el exterior. Con el paso de las semanas, terminó alojado en la cárcel federal.
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