Las preocupaciones del Gobierno y de la sociedad se vienen bifurcando desde hace un tiempo, por distintos caminos. A la ciudadanía le preocupa la pandemia del coronavirus y los estragos que esta viene provocando a la economía.
Al gobierno, por su parte, solo parece movilizarlo la reforma del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. So pretexto de que, avanzando en tal sentido, logrará mejorar la amodorrada Justicia. Siempre, según ellos, pensando en las necesidades de la ciudadanía.
Pero, ¿de qué manera ayudaría a la sociedad que se reformara el fuero Federal, si allí tramitan causas judiciales que al 90% de los argentinos no le incumben?
Sí ayudaría, y mucho, una mejora de la justicia Civil, o Comercial, o Previsional. Allí sí se dejan ver las inquietudes diarias de la sociedad.
Pero no es lo que le importa al Gobierno ahora mismo, sino zafar a Cristina Kirchner de las causas judiciales que la aquejan. Es el verdadero motor que impulsa al kirchnerismo a avanzar sobre el Ministerio Público Fiscal.
No es moco de pavo: se trata de un avance sustancial sobre el nervio más sensible de la maquinaria investigativa vernácula.
El procurador General de la Nación es el jefe de todos los fiscales. Y estos están a punto de ser los encargados de sustanciar los expedientes judiciales, dejando a los jueces la mera facultad de supervisores. Serán jueces de garantías, entretanto los fiscales obrarán como los reales artífices de las investigaciones de rigor.
Ello explica la desesperación que refleja el kirchnerismo en estas horas por modificar la ley que decide los alcances del trabajo del procurador. Con la excusa de mejorar la norma actual, busca que el jefe de los fiscales pueda ser designado por mayoría simple, escapando a los dos tercios que hoy exige la ley.
Olvidando los preceptos de aquellos que reformaron la Constitución Nacional en 1994 y pensaron en cómo debía funcionar el Ministerio Público. Con una mayoría que surja del acuerdo del oficialismo y la oposición. Cristina Kirchner fue una de las que avaló ese principio. Quien lo dude solo debe consultar es el diario de sesiones del 30 de octubre de 1996.
Por eso sorprende el cambio de postura de la hoy vicepresidenta, que apura tal modificación. Llevando al republicanismo a su escalón más bajo.
El apuro de Cristina es entendible: las elecciones legislativas de este año prometen ser adversas. Lo sugieren la mayoría de las encuestas que se hacen en estos días.
Ergo, el Frente de Todos perderá en el Congreso Nacional gran cantidad de escaños. Lo cual hará más complicado el trajinar del kirchnerismo en los años que le quedan de gobierno.
O sea: es ahora o nunca. Si los K no logran reformar la ley de Ministerio Público, tendrán grandes dolores de cabeza en el mediano plazo.
Por ahora, parece un logro imposible, por las mayorías referidas. No tanto en el Senado, sino más bien en la Cámara de Diputados. A pesar de las presiones del tándem Martín Soria-Rodolfo Tailhade. Dicho sea de paso, aseguran que la furia de Cristina para con ambos referentes K es superlativa.
No obstante, no debería ser la mayor preocupación de la vicepresidenta: en estas horas, la Justicia sustancia una investigación judicial que promete ser escandalosa, relacionada con la fabricación de la Sputnik V en la Argentina. Negocio que le fue entregado en mano a Marcelo Figueiras, titular de laboratorios Richmond.
Quien hizo la denuncia fue el vicepresidente de “Republicanos Unidos” y abogado Yamil Santoro por los presuntos delitos de “fabricar sustancias en establecimientos no autorizados”, “malversación de caudales públicos” y “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”.
“Richmond tuvo el lobby del gobierno nacional para que el Fondo Ruso que está desarrollando el principio activo de la Sputnik V lo favoreciera con la adjudicación de la producción a nivel nacional. ¿Cuál es el problema? Richmond no cuenta con una fabrica habilitada a tal efecto y con capacidad suficiente para hacer el laburo”, dijo Santoro este sábado a Radio News.
Y agregó: “Por eso, tercerizó la producción del envasado en otra empresa, que es MR Pharma. Y el problema es que la fabrica que uso MR Pharma se viene usando para envasar hormonas. Vos no podés en una misma fábrica producir hormonas y producir vacunas. Medicamentos hormonales y medicamentos biológicos no se puede por un riesgo de contaminación cruzada”.
El abogado explicó: “El primer problema es que vos tenés una planta que no está habilitada, porque ANMAT no la tiene habilitada para armar vacunas Sputnik y, en cambio, se venía usando para hacer hormonas. El tema es que desintoxicar la planta cuesta millones de pesos y muchísimo tiempo. Cosa que no se hizo”.
Fuera de la denuncia en sí, el abogado me dijo: “Todos nosotros estamos financiando el negocio de un tipo amigo del poder que accedió al contrato con lobby del gobierno y usando como justificación una fábrica floja de papeles y con riesgo sanitario. Por el tipo de laboratorio que está queriendo hacer Figueiras, con estos fondos que estamos poniendo todos, va a terminar de armar el laboratorio cuando ya el tema de la pandemia esté prácticamente resuelto y le va a quedar para poder hacer otro tipo de negocios, que son los que realmente le interesan. Y se lo vamos a haber pagado de una forma u otra con avales y con riesgo sanitario entre todos”.
Santoro lo resumió asegurando que es “el negocio perfecto a costa de la salud de todos los argentinos”.
Finalmente, el denunciante reiteró sus miramientos: “El hecho de que no cuente con habilitación de la ANMAT, es grave. Habilitación implica seguridad. Se está fabricando la Sputnik en un laboratorio que, para decirlo en criollo, si tiene algun residuo hormonal puede ser mortal. Por ejemplo, si se le aplica a un diabético, se lo puede matar”.
Las palabras de Santoro anticipan lo que serán los alcances de una presentación judicial que promete otras revelaciones. Aquellas que suelen comprometer a funcionarios del gobierno.
Malas noticias para Cristina.
Mendoza, la tierra del sol, el vino… y los escándalos
A nivel local, la cuestión del “vacunatorio VIP” ha vuelto a ponerse sobre el foco del escándalo, luego de que aparecieran anotados unos 30 mil docentes en una nómina de vacunados, sin estarlo.
Lo ocurrido llevó al Gobierno de Mendoza a argumentar que hubo un “error humano” en el cargado de datos. Lo curioso es que jamás se dijo quién cometió la equivocación. Tampoco nadie fue eyectado de su cargo por lo sucedido.
Desde la oposición han solicitado la renuncia del titular de la DGE, José Thomas: “Es un error gravísimo… si es que se trata de un error. Genera dudas”, dijo a Radio News la senadora provincial del Frente de Todos Natalia Vicencio.
Algo similar planteó su par Lucas Ilardo: “Hemos presentado un pedido exhaustivo de informes en el bloque, que incluye una citación con interpelación al director General de Escuelas y la semana que viene vamos a seguir con el tema, no vamos a soltar el tema del ocultamiento de datos”.
El legislador adelantó a Radio News: “Vamos a iniciar una serie de acciones en la Comisión de Salud e inclusive hay personas que están dispuestas a decir verdades como las dijo en aquel momento el neumonólogo que contó lo que estaba pasando en los hospitales públicos y los centros privados de Mendoza”.
También habló sobre lo ocurrido esta semana en la Legislatura en el contexto de la visita de la ministra de Salud, Ana María Nadal, a efectos de dar explicaciones por cómo el gobierno de Mendoza ha enfrentado la pandemia: “Transformaron el trámite en algo secreto. Y lo que adujo la ministra es que, si se hacía pública la audiencia, se podía alarmar a la sociedad. Realmente eso es preocupante porque, ¿qué datos pueden alarmar que no puedan ser públicos?”, sostuvo.
Y dejó una frase sobre la vacunación VIP que debe haber oficiado como terremoto en el cuarto piso de la Casa de Gobierno de Mendoza: “Vamos a tener muchas más novedades”.
Hablando de la DGE, hay otro escándalo a punto de explotar: refiere al gasto de 55 millones de pesos entre 2019 y 2020 a efectos de contratar a personal del Estado en distintas licitaciones, para prestar servicios varios.
Curiosidades de la política mendocina, donde se permite “tener los huevos en varias canastas”, aunque la ley no lo permita.
Hay incluso casos insólitos, como el que envuelve al director de Prensa del Municipio de Junín, Ariel Ortíz, quien tiene un contrato de locación de servicios en la Municipalidad de Rivadavia.
En otro orden de cosas, hay gran malestar en la municipalidad de la Ciudad de Mendoza respecto de la figura de una exreina vendimial que ostenta un cargo “ñoqui” y que suele manejarse con aires de diva.
El puesto que ocupa fue en realidad un regalo “de por vida” por parte de un exintendente de esa dependencia. Es un secreto a voces, cuyos protagonistas no pueden revelarse.
Acaso una curiosidad, dentro de lo que es la aspereza de la política mendocina de estos días.
