La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución del exintendente de la localidad salteña de Morillo, Atta Miguel Gerala, declarándolo partícipe necesario de contrabando triplemente agravado y robo agravado de vías del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano para venderlos a Bolivia en 2024.
Con los votos de los jueces Daniel Antonio Petrone y Javier Carbajo, y el voto en disidencia del juez Alejandro W. Slokar, el máximo tribunal penal dejó sin efecto el viernes pasado la decisión previa del Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, que había absuelto al exjefe comunal en abril de este año basándose en una supuesta falta de pruebas de su intervención personal en el lugar de los hechos.
Sin embargo, Casación hizo lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal y resolvió declarar a Gerala penalmente responsable como partícipe necesario del delito de contrabando de mercadería triplemente agravado – por la intervención de tres o más personas, por su condición de funcionario público y por el valor de los bienes, calculados en más de 558 millones de pesos –, en concurso real con robo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda.
Luego de esto, los jueces ordenaron remitir las actuaciones a la Oficina Judicial de Salta para que el tribunal correspondiente determine la pena del exintendente.
En el fallo de Casación, los jueces Petrone y Carbajo hicieron lugar a los planteos de la Fiscalía de dar marcha atrás al fallo absolutorio previo, indicando que, en casos como este, no son necesarias pruebas sobre la presencia física del acusado, ya que “quienes ocupan posiciones de poder o influencia no necesariamente se exponen en los tramos materiales de la maniobra, sino que pueden actuar a través de personas de confianza, facilitando medios, asegurando condiciones de impunidad o brindando cobertura funcional o territorial”, explicó el juez Carbajo.
En tanto, Slokar argumentó que “durante el juicio, el Ministerio Público Fiscal no logró construir una base probatoria sólida que permita sostener los fundamentos de la acusación”.
Además de Gerala, en esta causa también fueron condenados otros cuatro integrantes de la red operativa y de cobertura para el robo y contrabando de los rieles, entre ellos dos policías y el propio hijo del exintendente, José Miguel “Yopi” Gerala, condenado a 6 años de prisión.
Durante casi ocho meses, entre marzo y octubre de 2024, los ladrones desmantelaron de forma sistemática las vías del Ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano en el norte salteño para vender el acero cruzando la frontera con Bolivia.
La red funcionaba bajo la articulación operativa de “Yopi” Gerala, quien reclutaba a pobladores de comunidades originarias de la zona para cortar los rieles de la traza ferroviaria en tramos de cuatro a seis metros.
Para trasladar a esta gente y sus herramientas de corte, la banda usaba habitualmente una camioneta del entonces jefe municipal.
Bajo la coordinación de David Edilberto Medina, también condenado a 6 años de prisión, desde galpones en la ciudad de Orán, las cargas se dirigían rumbo a fincas privadas en Aguas Blancas, localidad fronteriza con el territorio boliviano.
Para circular libremente a cualquier hora del día, la organización pagaba sistemáticamente coimas a Mauro Rodríguez, jefe del puesto policial de Pluma de Pato, el que despejaba los controles vehiculares en la Ruta Nacional 81, mientras que Jorge Fernando Cabrera, un cabo de Gendarmería nacional, facilitaba el paso en el puesto “28 de Julio”. Ambos fueron condenados a 2 años tras las rejas.
Una vez en el margen del río Bermejo, los rieles eran cruzados clandestinamente hacia Bolivia a bordo de balsas de goma.
El entramado fue descubierto a partir del hallazgo de neumáticos de contrabando vinculados a Medina, lo que significó que se le interviniera el celular y se escucharan conversaciones con el hijo del intendente.
Luego, las tareas de campo y filmaciones encubiertas efectuadas por Gendarmería Nacional lograron captar el momento exacto en que los camiones de la red descargaban los rieles a la orilla del río para su cruce.
Con las pruebas recolectadas, se aplicaron una serie de allanamientos en varios inmuebles, incluida la casa Atta Gerala, donde se secuestraron 15 rieles, generadores, amoladoras guardadas en el taller municipal que funcionaba en su propiedad y la camioneta utilizada en la maniobra.
Estas pruebas fueron determinantes para revocar la absolución del exintendente y declararlo culpable como partícipe necesario.
