Un hecho llamativo sucede por estas horas en Mendoza, donde el Gobierno de Alfredo Cornejo intenta redefinir el modelo de desarrollo de las próximas décadas, un conflicto promete causarle fuertes dolores de cabeza.
Se trata de una disputa que viene manteniendo la provincia con comunidades mapuches del sur mendocino, un tema que se encuentra directamente vinculado con los intereses sobre el desarrollo minero y energético.
Cabe recordar que en el 2023, bajo la gestión del ex presidente Alberto Fernández, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) reconoció la ocupación de tierras a comunidades como Lof El Sosneado y Lof Limay Kurref.
No obstante, en febrero de 2025, el Gobierno nacional del presidente Javier Milei revocó estas resoluciones, anulando el reconocimiento territorial otorgado previamente.
Dos meses después, en abril del mismo año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el desalojo de la comunidad Lof El Sosneado en un litigio contra una empresa minera.
Sin embargo, el conflicto volvió a escalar hacia la justicia federal con una denuncia surgida de las propias comunidades sobre la supuesta violación de sus derechos en la intención del Gobierno provincial de avanzar con proyectos extractivos.
El avance hacia la revocación de la personería jurídica de comunidades en los departamentos de Malargüe y San Rafael de parte del Gobierno Nacional responde a la necesidad de impulsar el andamiaje legal con el fin de allanar el camino para las inversiones a gran escala.
Tanto para el Gobierno provincial como el nacional el impacto económico de esta zona es de una incalculable relevancia, teniendo en cuenta que allí se ubica la lengua mendocina de Vaca Muerta y hay proyectos para la exploración de cobre y potasio.
Básicamente, al negar la preexistencia de estos grupos y calificarlos como “autopercibidos”, el Gobierno de Cornejo busca evitar el derecho a la consulta previa libre e informada establecido en un convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Se trata de un paso administrativo que las empresas mineras internacionales miran con desconfianza, ya que ven allí un riesgo de demora o el veto a las operaciones que buscan realizar en la zona.
En términos de divisas, puede referirse al potencial exportador que Mendoza necesita para poder equilibrar las cuentas en un contexto desafiante para el sector vitivinícola.
Cornejo se está jugando a un todo o nada. Si logra imponer el desalojo habrá dado un paso hacia la seguridad jurídica requerida por las empresas. De no ser así, el plan económico del Gobierno Provincial podría ser suspendido.
