Luego del encuentro que mantuvo el Gobierno con diputados del PRO, y parte del radicalismo, el ministro Guillermo Francos intentará avanzar con las negociaciones por el DNU y por la Ley Ómnibus con representantes de Hacemos Coalición Federal.
El ministro del Interior, puntualmente, espera reunirse este próximo lunes con Miguel Ángel Pichetto, Florencio Randazzo y Emilio Monzó.
En las últimas horas, el funcionario nacional mantuvo un conclave con algunos legisladores radicales, entre los que se destacó la mendocina Pamela Verasay.
“Queremos que sea una ley consensuada para que no pase lo de febrero y caiga. Por eso es que tomamos las recomendaciones y vamos a negociar los puntos del pacto fiscal con los gobernadores”, dijo un funcionario de primera línea a TN.
La línea de la Casa Rosada es avanzar con las reuniones con los ministros económicos provinciales en la comisión que lidera el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Si bien no hay fecha definida, esperan que haya novedades en la próxima semana.
La oferta fiscal del Gobierno nacional a los mandatarios provinciales incluye la creación del Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social, régimen de Regularización de Activos, modificación del Impuesto sobre los Bienes Personales e Impuestos Internos.
Además, contiene la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas, la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, la modificación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y la creación del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor.
A cambio, Javier Milei pretende que se le apruebe la nueva Ley Ómnibus con las privatizaciones, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), desregulaciones económicas, un incremento del 10% para las jubilaciones y su indexación al IPC y un blanqueo laboral.
En el paquete también está la declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año y la delegación de facultades al Ejecutivo.
