Los internos alojados en el complejo penitenciario Complejo Penitenciario Almafuerte presentaron un hábeas corpus colectivo y correctivo ante la Justicia provincial para denunciar un presunto agravamiento en las condiciones de detención dentro de la cárcel ubicada en Cacheuta. La acción fue impulsada por la abogada María Elena Quintero en representación de toda la población penal del establecimiento.
En la presentación judicial, la letrada sostiene que existe un deterioro generalizado en las condiciones de alojamiento, acceso a servicios básicos, atención sanitaria y comunicación de los presos con sus familias. Además, cuestionó los cambios implementados en el régimen de visitas y las requisas realizadas en los últimos meses dentro del penal. Todo tiene que ser analizado por el juez Diego Flamant.
Entre los principales puntos expuestos, se advierte de una situación de hacinamiento en distintos pabellones. Según la acción judicial, sectores diseñados para 72 internos actualmente albergan entre 100 y 140 personas, por citar un caso testigo.
También se denunció que varios detenidos duermen en el piso por falta de camas, colchones y frazadas, en un contexto marcado por las bajas temperaturas y deficiencias en los sistemas de calefacción.
El escrito también apunta contra las fallas en el suministro de agua potable. De acuerdo con la presentación, hubo períodos de hasta un mes sin agua corriente debido a problemas en una bomba principal, situación que obligó a abastecer al penal mediante camiones.
La presentación sostiene que el agua llegaba por lapsos reducidos y en condiciones deficientes, afectando tanto la higiene de los internos como la preparación y distribución de alimentos.
Otro de los ejes del hábeas corpus está relacionado con el sistema de salud dentro del complejo. La defensa señaló que cada módulo tendría atención médica apenas un día por semana y con cupos limitados, además de remarcar la ausencia de guardias nocturnas permanentes y la falta de atención odontológica regular.
También denunciaron demoras de meses e incluso años en derivaciones hospitalarias e intervenciones quirúrgicas.
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La acción judicial además cuestiona las limitaciones en las actividades laborales, educativas y recreativas. Según Quintero y los internos, existen pocos puestos de trabajo formal, salarios bajos y escasos cupos para actividades deportivas y de esparcimiento. En el caso de las clases, aseguraron que se dictan solo algunos días al mes por falta de espacio y personal.
El problema por los teléfonos celulares
Uno de los planteos más fuertes apunta al retiro de teléfonos celulares dentro de la cárcel. La abogada señaló que la medida se ejecutó sin contar previamente con sistemas alternativos de comunicación, lo que -según afirmó- generó situaciones de aislamiento y dificultades para mantener contacto con familiares y defensores.
En paralelo, denunció un endurecimiento en las requisas realizadas dentro del penal. Allí se afirma que en algunos procedimientos se utilizaron escopetas con postas de goma y bastones, además de señalar que se habrían secuestrado elementos previamente autorizados por el propio Servicio Penitenciario, como ventiladores, televisores y herramientas utilizadas en talleres.
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La presentación, que ingresó el viernes por la tarde, a la que accedió El Sol, también hace referencia a las condiciones de las visitas familiares.
Entre otras situaciones, cuestiona las largas esperas a la intemperie, la falta de lugares seguros para dejar pertenencias y los controles realizados a mujeres durante el ingreso. Incluso se menciona el caso de una niña a la que le habrían impedido entrar por la ropa que llevaba puesta.
A partir de este escenario, pidió una intervención urgente de la Justicia para ordenar mejoras inmediatas en las condiciones de detención, garantizar el acceso a la salud, normalizar el régimen de visitas y frenar las requisas consideradas abusivas.
También exigió inspecciones dentro del complejo y un sistema de control permanente sobre las medidas que eventualmente disponga el tribunal.
Todo está direccionado al Servicio Penitenciario; pero también a la falta de control de otros organismos como la Suprema Corte y sus diferentes áreas encargadas de la situación carcelaria.
