En un fuerte gesto diplomático que se amplifica con el paso de las horas, Sebastián Piñera le marcó fuertemente la cancha a la Argentina en un conflicto territorial que transcurre en los mares australes, y que para Chile tiene alta resonancia nacional.
Por decreto publicado esta semana en el boletín oficial de Santiago, el presidente trasandino estableció unas normas que fijan la plataforma continental de su país a partir de las 200 millas náuticas desde las islas Diego Ramírez, al sur del Cabo de Hornos.
En una terminología técnica y compleja, el decreto presidencial modificó otro anterior, agregando a la definición de “Zona Económica Exclusiva”, la expresión “limite exterior de 200 millas marinas de la Plataforma Continental“, entre otras cuestiones.
El decreto de Piñera, que lleva entre otros también la firma de sus ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, hace que la plataforma continental vecina se superponga en partes a la que extendió la Argentina por un pedido que le hizo a las Naciones Unidas en 2009, y que el gobierno de Alberto Fernández hizo ley y hasta plasmó en los mapas oficiales de la República en 2020.
En la Cancillería argentina estaban al tanto este sábado del nuevo decreto chileno pero no hicieron comentarios al respecto. Aseguran estar en conversaciones con los vecinos por estas y otras cuestiones. También con ironía señalaron que en Chile hay elecciones presidenciales este año. Alberto Fernández visitó a Piñera en enero pasado.
Cómo se delimita la frontera
La plataforma continental de un país comprende el lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a lo largo de la prolongación natural de su territorio. Allí se tiene soberanía y se pueden explotar los recursos naturales.
Ejemplos de conflictos graves entre países por la plataforma continental no faltan en el mundo, como el que protagonizan Grecia y Turquía. En el caso argentino-chileno muestra que quedan varios asuntos pendientes pese a que entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem le pusieron fin a la mayoría de los conflictos limítrofes.
La zona más austral de la patagonia chileno-argentinta es la puerta a la Antártida, donde tanto Chile, como Argentina y el Reino Unido tienen reclamos territoriales que también se superponen. Para los argentinos además es el acceso a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, en conflicto de soberanía con los británicos.
Desde Punta Arenas, el doctor en Estudios Polares de la Unversidad de Cambridge, Jorge Guzmán, opinó ante Clarín que el decreto de Piñera “actualiza” los límites exteriores de soberanía submarina de su país conforme al derecho internacional.
“El gobierno de Cristina Kirchner obligó innecesariamente a Chile a explicitar su plataforma”, señaló. Se refiere a que el gobierno de la hoy vicepresidenta presentó en 2009 ante a la CONVEMAR (Convención del Derecho del Mar) todos los papeles para extender su plataforma continental, incluyendo la de esas zonas que Chile no le reconoce ahora.
“Fue un acto unilateral y temerario, dirigido a impactar la relación bilateral. Según el artículo 76 de la CONVEMAR, adyacentes al punto F (el que los vecinos objetan en la zona del Cabo de Hornos) existen derechos chilenos”.
Los chilenos ahora desconocen el hecho de que por un error de su propia Cancillería en 2009, no le reclamaron a la Argentina cuando esta presentó su pedido de extensión territorial bajo el mar y tampoco presentaron ante la CONVEMAR sus propios límites. Los británicos sí lo hicieron.
Ahora, la cancillería chilena dice que esa presentación de 2009 no era necesaria porque es un hecho que los países tienen derechos plenos dentro de las 200 millas de su plataforma continental. Lo que hizo la Argentina al pedir la extensión en 2009 fue llevarla hasta las 350 millas náuticas en los casos en que consideró que podía hacerlo -y le permitió hacerlo la CONVEMAR- por normativa internacional.
Guzmán, que es diplomático de carrera y miembro del centro de estudios AthenasLab, explicó que el Tratado de Paz y Amistad argentino chileno de 1984 restringe la proyección de la ZEE (zona económica exclusiva) chilena, no así la plataforma continental. “Cristina nos obligó a dar este paso que tendrá impacto sobre la relación bilateral. Innecesario y solo para su peña”, aseguró.
A lo largo de 2020, Chile hizo sentir varias veces su rechazo al nuevo mapa oficial de la Argentina. Lo rechazó por notas diplomáticas.
Y tal como ha anticipado Clarín, a principios de agosto pasado también rechazó partes de la Nueva Directiva de Defensa Nacional argentina. El documento de la cancillería chilena enviado al embajador Rafael Bielsa refuta el hecho de que Argentina se atribuya controles conjuntos sobre zonas magallánicas y antárticas que en Santiago consideran como propias, y que impulsaron el decreto de Piñera. Aquí reconocieron un “error” de redacción, pero lo cierto es que aún no se dio solución.
Pero, además, advirtieron en Santiago que en los espacios marítimos de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur impera el libre tránsito. Ocurre que el Gobierno argentino volvió a controlar y amenazar con sanciones a petroleros y pesqueros internacionales en las aguas en disputa, lo que Chile estaría refutando. Cabe preguntarse además si las objeciones de Santiago de Chile, además de protegerse a sí mismo en lo que cree propio, no tiene una segunda lectura: debilita la estrategia argentina por Malvinas.
Fuente: Diario Clarín
