
La entrega de pistolas Taser a preventores de la Ciudad de Mendoza fue este lunes el eje formal de un acto encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo. Pero el anuncio de seguridad funcionó también como plataforma para un mensaje político más amplio: diferenciar gestiones municipales y volver a presionar a la Justicia.
En lo concreto, la actividad oficializó la incorporación de dispositivos de baja letalidad al cuerpo de seguridad ciudadana de la Capital. En esta primera etapa, se entregaron 15 de las 30 Taser previstas, y nueve preventores ya están habilitados para utilizarlas tras completar la capacitación dictada por las Fuerzas de Operaciones Especiales.
Preventores de la Ciudad ya cuentan con su Taser 7. Junto a @UlpianoSuarez participamos de la entrega en la que 9 preventores recibieron sus dispositivos y firmamos el acta para incorporar 15 de las 30 Taser previstas.
Solo se accede a este equipamiento después de una exigente… pic.twitter.com/VK915eQfo7
— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) April 6, 2026
Estos dispositivos —modelo Taser 7— permiten distintos niveles de intervención, incluyendo instancias disuasivas sin necesidad de aplicar descarga eléctrica. Además, cuentan con mejoras tecnológicas respecto de versiones anteriores, como la posibilidad de utilizar dos cartuchos con diferentes alcances y sistemas de advertencia sonora y visual.
Sin embargo, el foco del discurso del mandatario estuvo puesto en otro plano. Cornejo destacó el rol del municipio capitalino por avanzar en este tipo de políticas y lo puso como ejemplo de lo que definió como una gestión que asume “desafíos reales”. En esa línea, marcó diferencias con otras comunas, en medio del debate abierto por la autonomía municipal.
Ese contraste derivó en una crítica directa a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, a la que volvió a cuestionar por la falta de resolución de un conflicto de larga data vinculado a la aplicación de la Ley de Tránsito en San Rafael y Lavalle, según recordó diario El Sol.
Según planteó el gobernador, esa demora judicial no es solo institucional, sino que tiene impacto concreto en la seguridad cotidiana. Puso como ejemplo la necesidad de que intervenga la Policía en accidentes menores, lo que —sostuvo— implica destinar recursos que podrían enfocarse en la prevención del delito.
En ese marco, también se refirió al debate por la autonomía municipal, en momentos en que el Gobierno provincial impulsa cambios en la Constitución. Allí relativizó el planteo político de algunos sectores y sostuvo que muchas de las herramientas ya están disponibles, siempre que exista decisión de gestión.
En la Ciudad de Mendoza, el proceso de capacitación comenzó en agosto de 2025 y se prevé que a fin de mes haya 30 preventores habilitados para portar estos dispositivos, que se suman a otras herramientas como el sistema de videovigilancia, móviles y centros de monitoreo.




