Un agente de la Policía de Mendoza fue suspendido por 60 días sin goce de sueldo luego de que su expareja lo denunciara por violencia de género. Aunque la causa penal fue archivada debido a que prescribió, el Gobierno provincial decidió sostener la sanción administrativa tras una investigación interna.
El caso comenzó cuando la mujer, con quien el uniformado mantenía una relación sentimental, lo acusó de haberla agredido físicamente y amenazado. La Justicia lo imputó por lesiones leves y amenazas, pero el expediente prescribió con el paso del tiempo y el agente fue sobreseído.
Sin embargo, más allá de la decisión judicial, la Policía avanzó con un sumario administrativo para evaluar si el comportamiento del efectivo era compatible con su rol como servidor público. Este tipo de investigaciones no requieren una condena penal para aplicar sanciones laborales.
El agente intentó revertir la sanción argumentando que no se probó su responsabilidad y que la medida no tenía fundamentos sólidos. No obstante, el Gobierno provincial rechazó su recurso y confirmó la suspensión.
En el decreto oficial, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, se explicó que la resolución está debidamente justificada y que “el objetivo del sumario administrativo no es comprobar si hubo un delito, sino ver si se incumplió alguna norma dentro del trabajo”.
