Sigue la tensión entre el Gobierno de Mendoza y los anestesiólogos. Luego de que más de 60 profesionales decidieran finalizar el vínculo laboral que los unía a diferentes hospitales públicos, sorpresivamente el Ejecutivo motorizó una ley de Emergencia que le permite presionar a los galenos para que se presenten a trabajar, ya que en caso de que decidieran negarse, podrían ser sancionados.
Hoy se conoció la resolución 966 del Ministerio de Salud, firmada por la propia Ana María Nadal, que destaca: “Convocar a los profesionales que hubieran estado cumpliendo funciones, previas al 31 de marzo de 2022, en los Servicios de Anestesiología de los Hospitales del subsector público de la Provincia de Mendoza”.
En uno de los anexos, dejaron trascender el nombre de los profesionales médicos, como así también el nosocomio en el que deberán desenvolverse.
El texto plasmado en el Boletín Oficial, refleja que la prestación del servicio se llevará a cabo “bajo la modalidad y condiciones que cumplía el profesional previo al mes de marzo de 2022”. Igualmente, cada efector de salud tiene la potestad para implementar cambios.
Los voceros, remarcaron también que los profesionales, deberán cumplir con la prestación del servicio por un plazo de 120 días. De todos modos, el periodo podría prorrogarse en el tiempo.
El tema es preocupante, de hecho ya se inició un proceso disciplinario contra cerca de 60 especialistas, que hicieron caso omiso a los avisos, y no asistieron a sus lugares de trabajo.
De continuar esta novela, los profesionales podrían sufrir la suspensión de matriculas de 1 a 5 años, de acuerdo a la normativa vigente. Otro dato no menor, es que en caso de prosperar este conflicto, podrían quedar inhabilitados para ejercer en el sector privado.
