Por estas horas se da un escándalo en la provincia que no es nuevo y refiere a una licitación mediante la cual el Gobierno de Mendoza planea gastar casi $2.000 millones durante los próximos 10 años en los servicios de limpieza, segado, desmalezado, riego e iluminación del Parque General San Martín, el Cerro de la Gloria y el Centro Cívico.
Hasta el mes de abril se abonaba un monto de 585 mil pesos mensuales por tales servicios, “ahora se le va a abonar a la nueva prestataria una suma que supera los 16 millones. O sea, 28 veces más”, reveló en dialogo con Diario MTN la diputada del Partido Demócrata Mercedes Llano.
Para poder entender en profundidad esta situación, Christian Sanz y Claudia Durán entrevistaron a la legisladora a través del ciclo que conducen en Radio News.
“La denuncia (presentada en la Fiscalía de Estado) la preparó Luis Giachino, concejal de Capital y lo ha acompañado con mi firma. Hemos estado trabajado con mi equipo y presentamos un pedido de informe, así que es todo un trabajo en equipo. ¿Qué le pedimos puntualmente? la suspensión de la licitación y enmarcamos ciertos puntos legales ligados a la razonabilidad sobre lo que no se ha referido oportunamente el referente de Fiscalía de Estado que dictaminó este proceso de convocatoria”, comenzó explicando Llano.
“Uno de los puntos que marcamos era que no se cumplía con el principio de libre concurrencia, porque los plazos eran exiguos. Tengamos en cuenta que se preveía un mes para la licitación de las ofertas y es una licitación compleja que requería de más tiempo para poder cumplimentar con la documentación pertinente”, añadió.
En tal sentido, analizó: “Eso nos daba a entender que se podía estar operando a favor de alguna empresa amiga. Es decir, se podría estar direccionando la licitación a alguna empresa cercana al Gobierno”.
“Hubo una prorroga y pasó para junio. ¿Tiene que ver con la presentación de ustedes o fue una coincidencia?”, se le preguntó, a lo que respondió: “Todavía no hemos sido notificados. Según podemos informarnos en los medios, (la decisión) responde a pedidos de los empresarios. Pero interpretamos también que el fiscal de Estado ha actuado en respuesta a nuestro pedido de intervención en carácter de urgente”.
Además, se cuestiona “el incremento es desproporcional a los servicios que se han añadido, porque hay que tener en cuenta que se incluyen algunos servicios adicionales que no estaban previsto en la contratación anterior, como el mantenimiento de las luminarias. Pero es realmente llamativo porque en el 2018 se suscribió un convenio con la Capital en el cual se comprometía a brindar el servicio por 5 años, es decir a 2023. En el mes de marzo, un mes previo a la publicación de esta licitación, le incorporaron una venda en la cual el Estado provincial asume esta responsabilidad y no se entiende la razonabilidad y hay otro punto, lo que se incluye no representa un costo que pueda multiplicar el costo por 28”.
Al respecto, explicó que “aducen que la maquinaria que va a requerir esta empresa, que implica de una inversión significativa, va a quedar en manos del Estado. No entendemos cuál es la utilidad, porque uno de los primeros pedidos de informe que nosotros presentamos estaba ligado al estado de deterioro y abandono en el que se encontraban las máquinas y las instalaciones del parque, entonces vamos a recibir maquinarias obsoletas que va a ser abandonadas y a eso le agregamos que todo el personal va a haber perdido en 10 años las capacidades del manejo de esa maquinaria. No entendemos cuál es la conveniencia de adquirir la maquinaria. Se supone que una empresa que va a prestar el servicio tiene que disponer de esta maquinaria”.
