La jueza federal María Servini ordenó hoy la captura nacional e internacional de Fabián Rodríguez Simón, el ex asesor judicial del ex presidente Mauricio Macri, acusado de haber formado parte de una maniobra para desapoderar de sus bienes y meter presos a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Servini dispuso, además, la inhibición general de bienes de Rodríguez Simón y el congelamiento de todas sus cuentas bancarias y activos en el país.
El abogado anunció en las últimas horas que pidió asilo político a Uruguay por considerarse un “perseguido” y por temor por su seguridad y por ser encarcelado.
Rodríguez Simón “se encuentra en la República Oriental del Uruguay desde el día 8 de diciembre de 2020, sin haber dado aviso de dicha circunstancia al Juzgado, como sí lo había hecho anteriormente”, explicó la jueza.
Servini libró exhorto internacional a Uruguay pidiendo a sus autoridades que “de manera muy urgente, arbitren los medios para que se proceda a la localización de Rodríguez Simón y se prohíba su salida de ese país”.
La jueza descartó que existan razones para que “Pepín” se considere un perseguido por razones políticas.
“Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público – aún no determinada fehacientemente – no puede ser entendida como suficiente para estos fines”.
Rodríguez Simón, a través de su abogado, Gustavo de Urquieta, había anunciado que el 15 de mayo estaría de regreso en la Argentina, puesto que el 17 de junio debía prestar declaración indagatoria en la causa en la que está imputado.
“Ello quedó abstracto frente a su exclusiva y ratificada decisión y voluntad de no someterse a la jurisdicción de este Tribunal y sustraerse del accionar de la justicia”, refutó Servini.
El ex asesor de Macri está acusado de una maniobra de “hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo”, que “habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional (Administración Federal de Ingresos Públicos)”.
“Rodríguez Simón, diciéndose representante del entonces Presidente, Mauricio Macri, habría participado de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestaba las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos”, añade la descripción de la jueza.
Servini advirtió que Rodríguez Simón cuenta con medios y relaciones para eludir la acción judicial, entre ellas que “pudo viajar a la República Oriental del Uruguay, incluso con las restricciones que tenía establecidas el vecino país, lo que demostraba el arraigo que tenía fuera del territorio nacional”.
Ello configura “un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tenía en los diferentes estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente”.
