En el Partido Verde no aflojan con su embestida hacia la administración provincial, y horas atrás emitieron un comunicado asegurando que el Gobierno provincial ultima detalles para iniciar “un procedimiento administrativo ‘ilegal’ para sacar un Decreto para endeudar a la provincia en más de 80 millones de dólares”.
El comunicado, al que accedió News Online (ver al pié), especifica que la maniobra se realizaría “sin cumplir con el artículo 41 de la Constitución Provincial que requiere que la Legislatura con mayoría calificada de la aprobación”.
En el texto que hicieron trascender Vadillo y compañía, aseguran que el gobernador Rodolfo Suarez “emitió un bono de 590 millones de dólares en el 2020 cuya primera amortización de más de 80 millones de dólares debe ser pagada en el año 2023. Como siempre este Gobierno y los anteriores tienen enormes gastos políticos y en vez de reducirlos toman nueva deuda, para no pagarla en su gestión sino endeudar fuertemente a los posteriores gobiernos y las generaciones futuras“.
Luego, desde el Partido Verde explicaron que el famoso y nombrado artículo 41 “exige la autorización legislativa para la toma de cualquier empréstito, sin distinciones”.
Y siguieron: “La norma constitucional da protección y prevención de los Gobiernos que compulsivamente quieren tomar deudas sin los fondos necesarios para poder pagarla a su vencimiento, porque exige que al otorgar a la Legislatura la autorización calificada, también debe ‘especificar los recursos especiales con que deba hacerse el servicio de la deuda y su amortización’”.
“Así resulta que la finalidad del constituyente era que el legislador, al autorizar un endeudamiento, también estableciera los recursos para pagar las obligaciones que de él surgieran, a fin de que la deuda contraída por la Provincia se extinguiera a su vencimiento. La autorización de endeudamiento que otorga la Legislatura es para
tomar un crédito y pagarlo, no puede usarse para dejar de pagar al vencimiento y tomar nueva deuda, sin necesidad de una nueva intervención legislativa“, continuaron diciendo.
Posteriormente, en el texto firmado por Mario Vadillo, indicaron que Suarez “refinanció una deuda en dólares por 590 Millones mediante los ‘Bonos Mendoza 2029’ emitidos por Decreto 1198/20 (PMM29)“, y ampliaron diciendo que “dicho monto total de capital se amortiza en trece cuotas semestrales iguales y consecutivas a vencer los días 19 de marzo y 19 de septiembre, iniciando el primer pago el 19 de marzo de 2023“.
Y señalaron que el mandatario radical busca, mediante el “proyecto de norma para un nuevo endeudamiento”, poder disponer de “la emisión de ‘Títulos Públicos’ en moneda local por hasta la suma equivalente de USD 81.500.000 y con un plazo mínimo de vencimiento de 18 meses en el marco de lo dispuesto por el Artículo 68 y cc. de la Ley N° 8.706, de conformidad con los términos y condiciones que se detallan en los artículos 2o y 3o del proyectado decreto, en los artículos 2° y 3°”, en los que se “establece las condiciones para la emisión de dichos títulos, planteando dos opciones: Títulos Públicos Clase 1 (Título CER) y Títulos Públicos Clase 2 (Título BADLAR), no pudiendo superar la emisión de ambos el total autorizado por el art. 1°”.
A raíz de esto, es que Vadillo entiende que la operatoria propuesta por Suarez “consiste en realizar una operación de crédito nueva (nuevo acreedor, monto, moneda, tasa, etc.) mediante la emisión de títulos públicos, destinando los fondos obtenidos a cancelar los servicios de amortización de capital correspondientes sólo al año 2023 (no los subsiguientes) de un deuda preexistente ‘Bonos Mendoza 2029’, a su vencimiento y en las condiciones inicialmente pactadas, es decir sin producir ninguna modificación en sus términos originales“.
“La operatoria propuesta por el Gobernador Suarez no se encuadra en la autorización permanente otorgada al Poder Ejecutivo, por el art. 68 de la Ley 8706 de Administración Financiera, ya que no es una reestructuración de la deuda pública de la Provincia, porque la nueva deuda propuesta, no cambia (prórroga) ni paga anticipadamente los vencimientos inmediatos ni los futuros de la deuda vigente ‘Bonos Mendoza 2029’ PMM29, sino que se mantiene y se cumplen sus condiciones originarias (montos, plazos y tasa), sólo que se suma una nueva deuda, para evitar pagar la deuda contraída hace dos años“, añadieron los opositores.
El malestar es tal, que recordaron que “la Fiscalía de Estado rechazó el proyecto de decreto presentado por el Ejecutivo por las mismas razones expuestas, y el gobernador Suárez dijo que no iba a respetar a ese organismo de control“.
Sobre el cierre, consideraron que “no se puede seguir endeudando a la provincia para pagar gastos corrientes por la mala gestión de los gobiernos alternados de las dirigencias del partido Radical y Justicialista“.
Y concluyeron adelantando que recurrirán “a la Justicia, para anular cualquier decreto que el gobernador Suarez quiera imponer para endeudar a los mendocinos/as por fuera de la ley”.
