En un operativo conjunto, inspectores de la Dirección de Náutica, junto con efectivos de la Policía Rural y la Policía Turística, secuestraron cinco embarcaciones de rafting pertenecientes a la empresa Kaike Turismo Aventura, ubicada en Valle Grande.
Según informaron las autoridades, el decomiso se realizó debido a que la empresa prestaba servicios turísticos sin habilitación ni identificación en las embarcaciones. Hugo Di Rocco, jefe del Departamento de Náutica del Ministerio de Energía y Ambiente, enfatizó que “todas las embarcaciones deben contar con matrícula habilitada, capacidad impresa y autorización para operar“. Al no cumplir con estos requisitos, quienes utilizan estos servicios quedan sin seguro ni medidas de seguridad adecuadas, lo que aumenta los riesgos en caso de accidentes.
Di Rocco también recordó que operar sin permisos constituye una “falta gravísima”, sancionada con multas de hasta 4.200.000 pesos.
Antecedentes de la empresa
Kaike Turismo Aventura ya había estado en el centro de la polémica. Su propietario, Diego Alonso, fue denunciado por construir un emprendimiento en el kilómetro 32, junto al Lago Chico, sin autorización municipal. Pese a múltiples multas y una orden judicial para detener la obra, Alonso continuó con los trabajos, lo que llevó al municipio a denunciarlo ante la Fiscalía Contravencional.
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Además, Alonso enfrenta una denuncia por destrucción de propiedad y amenazas, radicada por Matías Naspi, otro prestador de rafting en la zona. Naspi lo acusa de destruir sus instalaciones, usurpar su bajada al río y amenazarlo de muerte durante una discusión.
