El IPAP, junto a la Inspección General de Seguridad (IGS)proponen una capacitación destinada a fortalecer las competencias en torno a los regímenes disciplinarios.
El IPAP y la Inspección General de Seguridad (IGS) presentaron el curso Actuaciones Disciplinarias en el empleo público provincial, una capacitación que busca fortalecer competencias en torno a los distintos regímenes disciplinarios que conviven en el Estado mendocino.
De esta manera, se pueden sumar quienes intervienen o aspiran a participar en procedimientos disciplinarios dentro de la administración pública, ya sea desde un rol de la instrucción sumarial o desde la defensa.
¿Cómo surge la propuesta? A partir del trabajo técnico desarrollado por la Inspección General de Seguridad y con la articulación institucional con el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, en particular de IPAP, encargado de la formación y capacitación de los agentes estatales.
Un curso integral
El curso fue concebido con una característica: reunir en una misma formación las especificidades de los diferentes regímenes disciplinarios, integrando perspectivas y experiencias de organismos con realidades institucionales diferentes, pero atravesados por principios comunes vinculados al debido proceso, la legalidad y la responsabilidad administrativa.
Una capacitación que combina teoría y experiencia
Una de las características de la capacitación es que no se limita al estudio teórico del régimen disciplinario, sino que recupera la experiencia de quienes intervienen en la tramitación de expedientes.
De esta manera, la formación se construye desde la práctica institucional, con contenidos actualizados y adaptados a las particularidades de cada sector.
Cuenta, además, con dos módulos de formación común para todos los participantes con un terceroespecífico para cada una de las áreas involucradas:Administración Pública, Salud y Deportes, Dirección General de Escuelas y Seguridad y Justicia.
La propuesta, con inscripciones abiertas de forma permanente, busca contribuir al fortalecimiento institucional y a la profesionalización de la función pública, promoviendo actuaciones disciplinarias cada vez más transparentes, eficientes y respetuosas de los principios que rigen el Estado de Derecho.
