Son 86 los miembros que integran este Consejo Económico Ambiental y Social constituido oficialmente hoy en Mendoza. A la cabeza de la presentación estuvieron tanto el Gobernador, Rodolfo Suarez y Vicegobernador, Mario Abed, además de otras autoridades provinciales.
La ley 9240 fue la que dio origen a este organismo, la misma fue sancionada el 28 de junio y luego a través del decreto 1564/20 se designó como presidente del mismo por dos años, al actual ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez; mientras que el vicepresidente será por el mismo plazo el actual ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié.
Tras la presentación los integrantes de este Consejo realizaron su primera sesión. Cabe mencionarse que están representados todos los sectores de la sociedad con el objetivo de discutir el camino para llegar a “la Mendoza que queremos dentro de 30 años”. Están representados los empresarios, sindicalistas, partidos políticos, credos, el poder judicial, legislativo y ejecutivo entre otras organizaciones de la sociedad civil.
Este espacio actuará como entidad consultiva, con representación de todos los actores de la sociedad civil para avanzar en temas y políticas transversales a los mendocinos. La presentación fue transmitida mediante el sistema de streaming, también participaron los ex gobernadores de Mendoza, José Octavio Bordón, Rodolfo Gabrielli, Celso Jaque, Roberto Iglesias, Francisco Pérez y Alfredo Cornejo.
Este organismo tendrá vinculación con el Ejecutivo provincial a través de los ministerios de Economía y Energía y de Gobierno, Trabajo y Justicia. El ministro Ibáñez es el presidente.
Las opiniones del Consejo no serán vinculantes, a requerimiento de alguno de los poderes del Estado, sobre proyectos de ley a ser sancionados por el Poder Legislativo, y sobre aquellos proyectos de decretos a ser dictados por el Ejecutivo, siempre y cuando estos sean remitidos para su consulta.
También será su tarea, la elaboración de informes, la suscripción de acuerdos de cooperación con organismos nacionales e internacionales, consultas a organismos especializados, la proposición de proyectos de impacto ambiental, social y económico, la invitación a funcionarios para expongan ante el plenario o las comisiones y la elaboración de un informe anual sobre la situación socioeconómica o ambiental de la provincia.
