Con una nueva demolición de un inmueble utilizado como aguantadero en Guaymallén, el Ministerio de Seguridad y Justicia continúa avanzando en la recuperación de espacios vinculados al delito. Desde su implementación, la política ya permitió concretar cerca de 20 intervenciones administrativas en distintos puntos de Mendoza.
El Ministerio de Seguridad y Justicia avanzó con una nueva intervención sobre un inmueble utilizado como aguantadero en Guaymallén, el departamento donde más operativos de este tipo se realizaron desde la puesta en marcha del Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana. La demolición se llevó a cabo en una construcción ubicada sobre calle Las Águilas, en el barrio Amanecer, del distrito Buena Nueva, un lugar que se había convertido en un foco de inseguridad para los vecinos.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, junto al intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, supervisó la intervención y destacó que el trabajo articulado entre la Provincia y los municipios es la herramienta que permite avanzar sobre estos espacios. «Estamos trabajando y esto es seguridad para los vecinos de esta zona», afirmó.
Con esta intervención, Guaymallén alcanzó las diez actuaciones sobre inmuebles utilizados como aguantaderos o bunkers, consolidándose como el departamento con mayor cantidad de acciones realizadas en el marco de esta política provincial. Rus recordó, además, que el programa también se implementa mediante convenios firmados con Luján de Cuyo, Godoy Cruz y la Ciudad de Mendoza, mientras que semanas atrás se concretaron intervenciones similares en Maipú.
Al referirse al inmueble intervenido, la ministra explicó que representaba un riesgo permanente para la comunidad. «Esta construcción tenía muchos recovecos donde se reunían a consumir drogas y, además, fue usurpada en varias oportunidades por personas que buscaban pernoctar en el lugar», detalló.
También señaló que la cercanía con un centro de salud agravaba la situación de inseguridad. «El lugar era utilizado para ocultarse y observar los movimientos del centro de salud, lo que permitía planificar hechos de vandalismo y robos», explicó.
La demolición fue ejecutada por la Municipalidad de Guaymallén, que tuvo a su cargo la logística necesaria para concretar la intervención, en el marco del trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia.
En ese contexto, el intendente Marcos Calvente explicó que estas intervenciones se desarrollan a partir de un protocolo de actuación que permite avanzar sobre inmuebles utilizados para actividades delictivas luego de las denuncias realizadas por los vecinos.
«Cuando un vecino denuncia movimientos sospechosos en una propiedad, la Policía realiza las investigaciones correspondientes y, una vez cumplidas las instancias previstas y con la autorización de los propietarios, avanzamos con la intervención del inmueble. Es una herramienta que nos permite recuperar espacios que eran utilizados para actividades delictivas y seguir fortaleciendo la seguridad en los barrios del departamento», sostuvo.
Rus aseguró que el programa continuará desarrollándose en toda la provincia e invitó a los vecinos a denunciar este tipo de situaciones para iniciar los procedimientos correspondientes. «Recibimos denuncias sobre estos lugares para iniciar los expedientes correspondientes», señaló.
La ministra explicó que cada intervención requiere un análisis previo para determinar cómo ese inmueble afecta la seguridad pública. «Cada caso necesita un estudio, un análisis jurídico y determinar cómo ese lugar afecta la seguridad, pero es un trabajo que venimos realizando y que estamos haciendo bien», agregó.
Una política para recuperar espacios vinculados al delito
La demolición forma parte del Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana, impulsado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, y de la Resolución 2579, que establece el procedimiento para intervenir sobre propiedades abandonadas o utilizadas para actividades delictivas.
Cada intervención comienza con la apertura de un expediente administrativo que reúne informes policiales, relevamientos catastrales y socioambientales, la identificación y notificación de los titulares registrales y el análisis de distintas alternativas para recuperar esos inmuebles, proteger el derecho de propiedad y evitar que continúen siendo utilizados para la comisión de delitos.
Desde la implementación de esta política, el Ministerio de Seguridad y Justicia concretó cerca de 20 intervenciones administrativas en distintos puntos de Mendoza. La mayoría correspondió a demoliciones, aunque también se realizaron tapeos y procedimientos de recuperación sin necesidad de utilizar la fuerza pública.
Sobre el alcance de estas acciones, Rus explicó que «la mayoría de las intervenciones son demoliciones», aunque precisó que también se realizaron «tres intervenciones de tapeo y cuatro intervenciones sin uso de la fuerza pública».
La ministra destacó que estas medidas no solo permiten intervenir sobre espacios utilizados para actividades ilícitas, sino también restituir el derecho de propiedad a sus titulares. «Es una intervención efectiva que le devuelve al titular la propiedad de algo que era usurpado, que era mal ocupado por malvivientes y que mejora, obviamente, la seguridad del vecino de ese lugar», concluyó.
