Mientras Javier Milei y los suyos esperan el 25 de mayo para la firma del Pacto de Mayo, se le viene una prueba clave como es la aprobación de la renovada y polémica Ley Ómnibus.
Luego de que fracasara el primer intento en la Cámara de Diputados, los libertarios buscan ahora mayor consenso. En medio de esta situación aparece la famosa reforma laboral, muy criticada por el sector gremial y por parte de la oposición dialoguista.
Este capítulo, en un primer momento, apareció dentro del mega DNU de Milei pero se empantanó en la Justicia. Por este motivo, desde el Gobierno le pidieron a la UCR que le de forma a un proyecto que posteriormente se sumó a la Ley Bases.
Esa iniciativa, que la mendocina Pamela Verasay y otros radicales le acercaron al Gobierno, parece complicar las cosas.
Resulta que ahora el Gobierno amenaza con quitar este capítulo, algo que hizo estallar por los aires a la Unión Cívica Radical. De hecho, algunos correligionarios presionan con que no acompañarán la Ley Ómnibus sino respetan la reforma laboral.
Pero no solo el Gobierno le bajaría el pulgar a la propuesta radical, desde el PRO y Hacemos Coalición Federal tampoco quieren saber nada con esto.
En qué consiste la reforma laboral
Entre los argumentos del Gobierno para impulsar dicha reforma se destacan los cambios en la legislación laboral que, juran, agilizarán el mercado de trabajo. Para ello, proponen modificaciones importantes como la reglamentación del derecho de huelga en actividades consideradas servicios esenciales y la penalización de las asambleas de trabajadores.
Además, entienden que es una “injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”. También reduce de 8 a 6 meses el período de prueba de los trabajadores, algo que fue tomado de la propuesta radical
El proyecto que la UCR le presentó al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, incluye también la reducción de la carga fiscal sobre el empleo. Se propone allí la actualización de la deducción aplicable a la base imponible de las contribuciones patronales, vinculándola al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), y hasta 5 empleados.
En esa misma línea, buscan reducir la litigiosidad laboral, y propone también la eliminación de las multas. Además, establecen mecanismos sustitutivos a la indemnización, como un fondo de cese laboral, a cargo del empleador.
Por otra parte, pretenden declarar a la educación como servicio esencial, para limitar al mínimo las medidas de fuerza.
Desde el Ejecutivo pretenden, por estas horas, consensuar con todos los sectores. Por este motivo, respetaron algunos puntos no solo de la iniciativa de la UCR, sino también del PRO y hasta incluso tuvieron en cuenta planteos de la CGT.
Otra de las modificaciones que pueden ser claves tiene que ver con las cuotas solidarias. El DNU exigía que pueden descontarse del sueldo “solo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”, pero ahora aclaran que “solo se podrá descontar a los trabajadores no afiliados si hay consentimiento explícito de ellos”.
Así están las cosas, en medio de un tironeo que complica los planes de Javier Milei y del Gobierno nacional.
