Tanto la política como la economía de Mendoza transitan un momento de tensión y cambios que se analizan desde la Casa de Gobierno frente a un escenario nacional que protagoniza la escasez de recursos.
En tal contexto, la escena legislativa toma impulso y uno de las modificaciones políticas más relevantes se halla en materia de seguridad con la sanción definitiva del Código procesal penal conocido como la Ley de Flagrancia.
Se trata de una iniciativa que fue aprobada el último día de marzo y que pretende ponerle fin a la sensación de la puerta giratoria estableciendo que los delincuentes que son atrapados en el acto deben recibir una sentencia en un plazo máximo de 45 días.
Ello, además de darle celeridad a las causas por delincuencia, obliga a reestructurar el Ministerio Público Fiscal con la creación de unidades especializadas y la incorporación de evidencia digital en tiempo real.
Pero este paso a favor de la seguridad convive con una realidad financiera que golpea a la provincia, ya que los fondos de la coparticipación enfrentaron una caída del 8% en el primer bimestre de este corriente 2026.
Para tratar de sortear esta situación, el equipo económico liderado por el ministro Victor Fayad recurrió a un mecanismo de asistencia directa del Gobierno del presidente Javier Milei que, mediante decretó, habilitó adelantos de coparticipación con una tasa preferencial del 15%.
Resulta ser un auxilio de vital importancia para Mendoza, ya que de esta manera permite esquivar las tasas del mercado privado, que en casos llegan a ser el triple, intentando oxigenar las arcas públicas de la provincia que muestra una recuperación en la recaudación de Ingresos Brutos insuficiente para compensar el desplome.
Son medidas coyunturales que sirven para salir del paso, pero que encuentran un punto de largo plazo en Malargüe y la ambiciosa Mesa del Cobre cuya viabilidad depende estrictamente de la votación en el Congreso de la Nación sobre la reforma de la Ley de Glaciares prevista para la próxima semana.
El oficialismo mendocino apuesta a la aprobación de la Ley permitiéndole definir qué zonas son funcionales al ciclo del agua y, de esta manera, poder destrabar proyectos mineros de escala internacional.
No es algo de todas formas seguro, porque más allá del resultado de la votación, hay organizaciones ambientales decididas a recurrir a la justicia, lo que no solo impactará en los tiempos sino que en ese caso será otro poder el que tenga la potestad de definir la reglamentación de la norma.
Mientras tanto, la gestión del gobernador Alfredo Cornejo intenta capitalizar su sintonía política con la Casa Rosada para posicionar a Mendoza como el gran polo logístico hacia el Pacífico.
El impulso al Paso Pehuenche no es casual y responde a la necesidad de la industria vitivinícola de reducir costos logísticos frente a la baja del consumo interno y la pérdida de competitividad exportadora.
Es un complejo tablero de ajedrez, donde la política local busca reinventarse en un contexto de cercanía con un Gobierno Nacional que está decidido a mantener el puño cerrado cuando de recursos públicos se habla.
