Si bien en un momento se dijo que el bloque de Diputados de la UCR (Unión Cívica Radical) no realizaría el pedido de juicio político contra Alberto Fernández, luego de que este último diera a conocer que pagará parte de la sentencia con bonos a CABA, cumpliendo así parcialmente el fallo de la Corte Suprema, ayer los opositores cambiaron de parecer e hicieron una presentación contra el presidente.
Entre quienes están a favor del pedido de juicio político, se destacan los mendocinos Lisandro Nieri, Jimena Latorre y Pamela Verasay.
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“Este nuevo pedido de remoción tiene como marco la decisión del Gobierno nacional de no acatar de forma acabada el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó que se le devuelva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 2,95% de la coparticipación”, explicaron los opositores.
El proyecto presentado por los diputados radicales, que lidera el titular del bloque Mario Negri y está acompañado por el resto de los integrantes, estipula en su único artículo: “Promover juicio político contra el Señor presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
En los fundamentos, los 33 legisladores radicales sostuvieron que la decisión del Gobierno nacional de querer pagar con bonos de deuda pública el monto de coparticipación que la Corte Suprema ordenó transferir diariamente a CABA “es un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia del fallo del Máximo Tribunal”.
En el proyecto, recordaron que “el día lunes 26 de diciembre, luego de que el Estado Nacional fuera notificado de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia a favor de la CABA, el presidente informó que iba a acatar la orden judicial, a pesar de seguir considerándola inapropiada y que lo iba a hacer con bonos, a 90 días. Ello a pesar de que la sentencia recaída en autos era clarísima en el sentido que expresaba: ‘…II. Disponer que las transferencias correspondientes lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina’”.
Y argumentaron: “En este sentido consideramos que la falta de acatamiento a lo ordenado por la sentencia de la Corte Suprema persiste pese al dictado de la Decisión Administrativa N° 1.282/2022 de la Jefatura de Gabinete de ministros, ya que de la misma se desprende que pretende girarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación federal de impuestos que como medida cautelar ordenó el Máximo Tribunal con títulos de la deuda pública (Bonos del Tesoro TX31)”.
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En tal sentido, plantearon que “implica un apartamiento manifiesto de lo resuelto toda vez que el decisorio no versa sobre el reconocimiento de deuda devengada –el punto será materia de resolución cuando se emita pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión- sino de una medida cautelar que dispuso que durante la tramitación del proceso debe reintegrarse una porción del índice de coparticipación detraído por las normas impugnadas, en forma diaria y por la misma vía que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben las remesas correspondientes al régimen de coparticipación federal de impuestos”.
“En rigor, la DA N° 1.282/2022 constituye un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia del fallo de la Corte convenida previamente entre el presidente de la Nación y catorce gobernadores, ante la repercusión negativa que tuvo ese alzamiento contra la cabeza de uno de los poderes del Estado y la interposición de denuncias penales”, denunciaron.
Y luego, explicaron: “Como legisladores debemos delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con lo establecido en el texto fundamental y además lo hacemos en el convencimiento de que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales gravísimas”.
