El Gobierno avanza con su plan para reforzar el control de las comunicaciones dentro de las cárceles provinciales y Cytric Solutions Argentina quedará en el centro de ese millonario negocio tecnológico. La empresa, que ya tiene un contrato para proveer una plataforma de georreferenciación y módulos tácticos de localización y bloqueo selectivo de señales, será ahora la encargada de instalar el sistema fijo de inhibición en los complejos Almafuerte I y II.
La nueva contratación asciende a $3.753 millones (casi US$2,5 millones). Cytric fue la única empresa que presentó una oferta admisible en la licitación y, aunque el decreto de adjudicación todavía no fue formalizado, el expediente ya superó una instancia clave con el dictamen de la Fiscalía de Estado.
Con ese trámite cumplido, el Ministerio de Seguridad quedó en condiciones de avanzar con el decreto que formalizará la adjudicación. Cuando eso ocurra, Cytric consolidará un monopolio de hecho dentro del esquema tecnológico que el Ejecutivo viene desplegando para controlar las comunicaciones de internos del sistema penitenciario provincial.
Una firma que ya tiene un contrato millonario
Cytric Solutions es una firma constituida y radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezada formalmente por Alejandro y Guido Guelman. Su especialidad es la provisión, integración e implementación de plataformas tecnológicas complejas diseñadas para organismos de seguridad pública, inteligencia e investigación criminal.
Ya tiene antecedentes recientes en la provincia. En agosto del año pasado, se quedó con una licitación pública de $2.569 millones para instalar una plataforma integral de georreferenciación para investigación criminal, con módulos móviles destinados a la localización y al bloqueo selectivo de señales de celulares.
Con la nueva contratación, Cytric pasará a concentrar procesos por un total de $6.322 millones, mediante dos contratos. El segundo todavía aguarda la formalización de la adjudicación mediante decreto; el primero, en cambio, ya está vigente.
En aquel proceso inicial, Cytric presentó la propuesta más costosa de las cuatro que compitieron -superando el presupuesto oficial con su alternativa de 2,2 millones de dólares- y despertó observaciones por parte de competidores como la mendocina Broda, Exanet y Business Integrated Systems.
Pese a las críticas técnicas que señalaban que los pliegos apuntaban a localización callejera antes que a una inhibición carcelaria pura, Seguridad calificó la oferta de Cytric como “superadora”.
La propuesta seleccionada incluyó herramientas adicionales, entre ellas tecnología para detectar drones e integración con sistemas tácticos para obtener información sobre dispositivos móviles. La contratación contemplaba además módulos capaces de localizar, bloquear de manera selectiva y analizar dispositivos celulares, con identificación de datos técnicos.
El equipamiento tenía una particularidad: no estaba pensado únicamente para un penal. Los módulos podían ser utilizados en establecimientos penitenciarios y también en investigaciones criminales complejas.
En el área urbana de San Felipe y Boulogne Sur Mer, la proximidad con barrios residenciales y el Polo Judicial impide colocar antenas bloqueadoras fijas debido al riesgo de interferir la conectividad de la población civil y los tribunales.
En este terreno, Cytric ya opera con sus equipos tácticos móviles: un módulo instalado en un vehículo con capacidad para rastrear en movimiento y un módulo portátil tipo mochila para despliegues discretos. Estos equipos cuentan con estaciones base (BTS) capaces de trabajar sobre las redes móviles, identificar técnicamente los dispositivos y bloquear de manera selectiva aquellos incluidos dentro de los objetivos definidos.
Ahora llega el sistema fijo para Almafuerte
La segunda contratación apunta a resolver un problema diferente. Los complejos Almafuerte I y II, ubicados en Cacheuta, cuentan con condiciones geográficas que permiten instalar sistemas permanentes de inhibición de señales sin el mismo riesgo de interferencia sobre viviendas, comercios o instituciones cercanas que existe en las cárceles ubicadas en zonas urbanas.
Por eso, el Gobierno licitó un sistema fijo, específicamente destinado a los pabellones de máxima seguridad. La apertura de ofertas se realizó el 24 de julio y Cytric fue la única oferente admisible. Su propuesta ascendió a $3.753 millones.
El procedimiento administrativo sumó recientemente el dictamen N° 755/26 de la Fiscalía de Estado, que avaló la legalidad de los trámites licitatorios y despejó el camino para la adjudicación del sistema de inhibición destinado a inhibir las comunicaciones móviles dentro de los sectores alcanzados en Almafuerte I y II.
El cambio de reglas que habilitó el esquema
El avance de las contrataciones tecnológicas se desarrolló en paralelo con las negociaciones políticas abiertas entre autoridades provinciales y nacionales. El principal obstáculo reportado por la cartera de Seguridad que conduce Mercedes Rus era que, aun detectando los datos técnicos de los teléfonos activos dentro de las celdas, las empresas de telefonía se negaban a dar de baja los chips o bloquear las identidades de los equipos, citando un vacío regulatorio.
Esa traba legal obedecía a que la normativa nacional de bloqueo —la Resolución 300/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)— obligaba a las operadoras privadas a inhabilitar celulares detectados únicamente cuando la orden provenía del Servicio Penitenciario Federal, excluyendo a los penales provinciales.
Finalmente, a mediados de agosto, el organismo nacional anunció la modificación de la norma para incluir a las provincias en el esquema de baja obligatoria de aparatos y líneas sospechosas en el interior de las cárceles locales.
El argumento oficial fue que si bien la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (N° 24.660) garantiza la comunicación de los internos con sus allegados, su artículo 160 prohíbe de manera explícita la telefonía móvil dentro de los penales y exige la implementación de mecanismos tecnológicos adecuados para su inhibición.
Cada distrito debe adherir al protocolo establecido por la Nación. En tal sentido, el pasado viernes el Enacom confirmó que Mendoza y Córdoba implementarán el sistema de bloqueo de celulares en cárceles.
“Ambas provincias adhirieron al Programa que autoriza al servicio penitenciario a poner en funcionamiento dispositivos de detección y bloqueo de equipos en unidades y establecimientos penitenciarios, con el único objeto de impedir el uso indebido de equipos de comunicación móvil en su interior”, indicó el Enacom en un comunicado.
También se aclaró que las provincias deberán realizar “los ajustes técnicos necesarios para garantizar que la inhibición de señal no interfiera con el servicio de telecomunicaciones en las zonas residenciales o comerciales aledañas a los penales”.
Esta resolución tiene, además, una relevancia institucional determinante al cerrar un capítulo de fuerte presión sobre el Ejecutivo provincial. Las grietas en el control de las comunicaciones intramuros habían quedado expuestas públicamente cuando un grupo de internos alojados en el complejo penitenciario San Felipe realizó una transmisión en vivo por redes sociales junto a un popular creador de contenido digital.
Aquel episodio viral forzó medidas de emergencia, como el secuestro de aparatos, el traslado de reclusos a módulos de alto perfil y el refuerzo de las gestiones ante autoridades nacionales para adecuar las normativas para obstaculizar las comunicaciones desde el corazón de los complejos penitenciarios.
De forma complementaria al bloqueo de señales, el Gobierno avanza en licitaciones paralelas para reforzar las requisas en los accesos a las cárceles. El plan contempla la incorporación de escáneres corporales y de equipaje de última generación para inspeccionar a todo el personal penitenciario, visitas, proveedores y encomiendas, bajo un esquema de control de paso obligatorio similar al utilizado en los aeropuertos, para evitar el ingreso clandestino de celulares y otros de insumos tecnológicos.
