Diputados aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional pero como la norma, que ya había pasado por el Senado, sufrió modificaciones (la eliminación del polémico artículo de las licencias médicas) deberá volver a la cámara por la cual ingresó al Congreso. El viernes 27 será tratada nuevamente, lo cual no revestiría mayores problemas para Javier Milei puesto que los votos los tiene, y se convertirá en ley.
La reforma laboral implicará el cambio más profundos en el régimen de empleo de las últimas décadas. El texto modifica aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, introduce un nuevo esquema para el financiamiento de despidos, altera reglas de negociación colectiva y establece incentivos fiscales para la formalización.
Uno de los cambios más relevantes impacta en el cálculo de las indemnizaciones. La base ya no incluirá conceptos como aguinaldo, vacaciones, premios ni propinas y, además, se fija un tope: no podrá superar tres veces el salario promedio mensual del convenio correspondiente. Las actualizaciones se realizarán por inflación más un 3% anual y las sentencias podrán pagarse en cuotas —hasta seis en grandes empresas y doce en pymes—.
En paralelo, se crea el Fondo de Asistencia Laboral, que será financiado por un aporte patronal obligatorio. Las grandes empresas deberán destinar el 1% y las pymes el 2,5% de sus contribuciones. El objetivo es constituir un sistema que anticipe recursos para eventuales despidos.
En materia salarial, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, vinculado a mérito o productividad, que podrá establecerse por convenio o incluso por decisión empresarial. También se dispone que los haberes solo podrán abonarse a través de entidades bancarias.
La reforma habilita además una mayor flexibilidad en la jornada laboral. Se permitirá extender el horario diario hasta 12 horas, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas. Se implementa el banco de horas para compensar extras con francos y se amplía la figura del contrato a tiempo parcial.
El esquema sindical también registra cambios. Se mantiene el aporte patronal del 6% a las obras sociales y la cuota sindical obligatoria, aunque con un tope del 2% por dos años. A su vez, se ratifica la prioridad de los convenios de empresa o regionales por sobre los sectoriales y se limita la ultraactividad de acuerdos vencidos.
Otro punto sensible es el derecho de huelga. Los servicios considerados esenciales deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 75%, mientras que los catalogados como trascendentales deberán asegurar al menos el 50%. La lista de actividades alcanzadas se amplía e incluye, entre otros, a los servicios educativos.
En el caso de las plataformas digitales, el proyecto crea la figura del “repartidor independiente” y establece que el vínculo no constituirá relación laboral, sino un contrato de prestación de servicios.
La iniciativa también incorpora un programa de regularización para empleo no registrado, con condonación de hasta el 70% de deudas por aportes y contribuciones, y crea un régimen de incentivo a la formalización que reduce las contribuciones patronales al 8% durante un año por cada nuevo trabajador incorporado.
Desde el oficialismo sostienen que el paquete apunta a reducir la litigiosidad, fomentar la contratación y dar previsibilidad al sistema. En la oposición y en sectores sindicales advierten, en cambio, que la reforma implica una pérdida de derechos y un abaratamiento de los despidos.
El nuevo esquema comenzará a aplicarse progresivamente y redefinirá las reglas del mercado laboral argentino.
