El proyecto de la Ley Ómnibus, derivado del dictamen de mayoría del oficialismo de la Ley de Bases, experimentó una serie de ajustes significativos antes de su inminente debate para su aprobación.
Estos cambios, motivados en gran medida por las tensiones con la oposición dialoguista, dieron como resultado un texto más acotado, pero aún sustancial, compuesto por 240 artículos y 162 páginas.
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Emergencia Declarada y Reforma del Estado: El artículo inicial de la ley declara la emergencia en cuatro áreas cruciales: económica, administrativa, energética y financiera, otorgando al Poder Ejecutivo la autoridad delegada para tomar medidas en cada una de estas esferas. Sin embargo, esta versión recortada ha eliminado las áreas de seguridad y tarifaria que estaban presentes en versiones anteriores.
El capítulo de reforma del Estado contiene disposiciones que permiten al Ejecutivo eliminar reparticiones públicas, suprimir competencias y funciones, fusionar estructuras, así como disolver total o parcialmente organismos de la administración central o descentralizada. A pesar de ello, se han incorporado excepciones para organismos como el Conicet, el INTA y las universidades nacionales, ampliadas bajo presión opositora para incluir a otros organismos como la CONEAU, CONAE, Instituto Malbrán, entre otros.
Privatizaciones y Reforma Laboral: En relación con las privatizaciones, se propone la sujeción a privatización de empresas como Aerolíneas Argentinas S.A., Energía Argentina S.A., y otras, mientras que se sugiere un esquema de concesión privada para otras entidades.
Respecto a la reforma laboral, se ha reducido significativamente, limitándose a la extensión del período de prueba y la introducción de un fondo de cese laboral optativo, junto con la derogación de multas por no registrar empleados. Los períodos de prueba se amplían a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, ocho meses para PyMES y un año para minipymes, con restricciones sobre su uso repetido.
Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): Un aspecto clave de la ley es la inclusión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), diseñado para agilizar las decisiones de inversión en proyectos que superen los 200 millones de dólares, ofreciendo beneficios sustanciales para fomentar dichas inversiones.
