Daniel Sgardelis, un hombre que sufre hipoacusia, y que denunció abusos de sacerdotes y de un profesor en el Instituto Próvolo de La Plata cuando era niño, aseguró que esos hechos le “siguen doliendo” como “torturas”, y ratificó el reclamo para que la Suprema Corte de Justicia bonaerense no prescriba la causa.
“Yo a los 4 años estaba en un colegio mixto en Salta, pero mi mamá, queriendo mejorar la calidad educativa, se ilusionó cuando le llegaron buenas recomendaciones del Instituto Próvolo La Plata, creyó que yo podría aprender a hablar”, comentó el hombre que hoy tiene 45 años.
A pesar de que en ese momento de su niñez vivía en Salta, su familia optó por internarlo en el establecimiento ubicado en las calles 25 y 47 de La Plata, donde estuvo pupilo desde 1982 hasta 1991.
“Creyeron que yo iba a estar mejor ahí dentro”, sostuvo Daniel.
Explicó que los padres nunca aprendieron la lengua de señas argentina (LSA), para poder comunicarse con él “lo que fue una gran y principal barrera en nuestra comunicación y nuestro vinculo intrafamiliar”.
En uno de los pasajes más fuertes de la conversación que mantuvo con Telam, señaló: “Las víctimas de los abusos en el Instituto Próvolo callábamos la violencia y los abusos, hacíamos caso a los curas, creyendo que ellos eran los adultos que nos ´cuidaban´ y ´educaban'”.
Sgardelis, según declaró ante la fiscalía penal platense en el 2017, fue víctima de abusos y golpizas de parte del sacerdote Nicolás Corradi y de vejaciones por parte del profesor de informática José Brítez, quien estaba detenido y fue excarcelado luego de que semanas atrás la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal bonaerense declarara prescripta la causa.
“El cura Corradi me torturó… duele mucho el cuerpo”, dijo la víctima, refiriéndose en tiempo presente a la violencia que sufrió, porque “esos abusos siguen lastimando”.
Expresó que las víctimas del Próvolo La Plata sienten enojo ante la prescripción de la causa y remarcó que “los jueces no tienen conciencia de esos daños ni tienen respeto por las personas sordas víctimas”.
La excarcelación de Brítez lo enojó porque “era celador y profesor de informática y abusó” de él “16 veces”.
“En esa época guardamos silencio, no había prevención de abuso infantil, ni se hablaba de Educación Sexual Integral (ESI), ni de sexo, que se consideraba como un tabú”, relató.
Días atrás, la fiscalía de juicio y el fiscal de Casación bonaerense apelaron la prescripción e hicieron reserva de llevar la causa ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Molesto por estas resoluciones de la justicia, Daniel espera que no convaliden la prescripción.
“Hoy me considero un activista en contra del abuso infantil, creo muy importante las campañas de prevención del abuso infantil, que los niños conozcan del tema, puedan defenderse y puedan hablar o denunciar cualquier acto al instante y sin miedo y así decir entre todos ´basta´ a los abusos infantiles”, afirmó.
Y remarcó que “los niños sordos muchas veces tienen doble barrera al comunicarse si sus familias no dominan la LSA y tienen mucha menor accesibilidad a la información crucial”.
“La justicia también debe garantizar los derechos de los infantes sordos y personas sordas para garantizar la accesibilidad a la justicia con personal que sepa LSA”, añadió.
La fiscalía especial de La Plata, a cargo de Cecilia Corfield, inició esta investigación a fines de 2016, luego de que se conociera que los sacerdotes Nicolás Corradi y Horacio Corbacho, detenidos en Mendoza acusados de abusar sexualmente de varios niños hipoacúsicos del Instituto Próvolo de esa provincia, también habían trabajado en la institución de la capital bonaerense.
En abril del año pasado, la justicia de La Plata ordenó la detención de los sacerdotes y de Brítez, pero en esa oportunidad sólo pudo ser detenido el empleado.
Según la investigación de Corfield, en los hechos de abuso sexual ocurridos en el Próvolo platense, hubo una “inusitada violencia desplegada para su comisión que nada la distingue de la aplicación de tormentos e imposición de torturas”.
Corradi fue la máxima autoridad del instituto desde 1970 a 1997 y su detención fue ordenada por los delitos de abuso sexual simple agravado por su condición de ministro del culto católico y encargado de la guarda por el grave daño en la salud de la víctima y reiterado cuando menos en 3 hechos; y abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado por lo menos en 5 hechos en su calidad de partícipe necesario.
Según la investigación fiscal, los abusos constatados se cometían los días sábados, cuando “disminuía el número de alumnos internados y sólo quedaban los que no tenían familia”.
Otro sacerdote, Eliseo Primati, que vive en un asilo en Italia, había sido imputado de abuso sexual simple agravado por su condición de culto religioso en tres hechos, exhibiciones obscenas y promoción de facilitación de la corrupción de menores agravada. Posteriormente se pidió su extradición.
Brítez estaba imputado de los delitos de abuso sexual simple agravado por su condición de guardador o educador, abuso sexual con acceso carnal reiterado agravados -por lo menos cinco hechos-, y corrupción de menores agravada por el medio comisivo y por la edad de la víctima.
