Principio de acuerdo: Argentina y el FMI llegaron a un principio de entendimiento fiscal

Finalmente, se dio un entendimiento sobre cuándo el Gobierno nacional lograría un equilibrio fiscal primario, marcando así un paso clave para la renegociación.

El Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) lograron un entendimiento sobre cuándo el Ejecutivo argentino lograría un tal ansiado equilibrio fiscal primario, marcando de este modo un primer paso clave para renegociar los más de US$ 44.000 millones en deuda.

Este acuerdo comenzó a cristalizarse después de que intensificaran las charlas días atrás, luego de meses de retrasos.

En Casa Rosada, la idea es efectuar un pago de más de US$700 millones este viernes, indicaron fuentes confiables a Perfil.

Ambas partes consensuaron que Argentina logre un equilibrio fiscal primario, o sea, déficit cero sin incluir el pago de intereses en 2025.

¿Y el anuncio?

Se aguarda que el Ministerio de Economía de la Nación y el staff del FMI sigan discutiendo los detalles del programa.

En la cartera liderada por Martín Guzmán han evitado pronunciarse durante las últimas horas del jueves. Por su pate, el portavoz del FMI, Gerry Rice, no realizó comentarios.

El staff del organismo revelará en breve al directorio ejecutivo del Fondo el estado en el que se encuentran las negociaciones, en una reunión informal a realizarse este viernes por la mañana en Washington.

Lograr un equilibrio fiscal primario en 2025 sería una concesión del Gobierno argentino, luego de que Martín Guzmán, dijera a principios de enero que pretendía esperar hasta 2027 para cerrar el déficit.

En Casa Rosada buscan conseguir un acuerdo, el número 22 del país con el FMI, para culminar con los pagos de más de US$44.000 millones en deuda pendiente con la organización con sede en Washington y derivada de un préstamo récord efectuado en 2018 Gobierno de Mauricio Macri.

Alberto Fernández tiene como objetivo negociar con el FMI un acuerdo de 10 años, conocido como un acuerdo de facilidades extendidas, que le daría al Gobierno un tiempo de gracia de al menos cuatro años y medio antes de comenzar a pagar su deuda.

 

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