Fuente: El Sol – https://www.elsol.com.ar/mendoza/primer-balance-del-alivio-financiero-5-000-deudas-refinanciadas-en-mendoza/
A un mes de la promulgación de la Ley 9.730 de Alivio Financiero para las Familias y Empresas Mendocinas -sancionada por la Legislatura a mediados de septiembre y puesta en marcha a fines de ese mes-, el Gobierno provincial comenzó a trazar el primer mapa sobre la respuesta de los acreedores al régimen impositivo de incentivos.
Ante la consulta de El Sol, desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas precisaron que, según los relevamientos informales realizados con los cinco bancos de mayor presencia en la provincia y las dos principales firmas no bancarias (Mercado Pago y Naranja X), ya se concretaron cerca de 5.000 operaciones de refinanciación por un volumen total de aproximadamente 16.000 millones de pesos.
Sin embargo, las autoridades provinciales aclararon que los datos definitivos y “finos” sobre el verdadero alcance de la norma recién comenzarán a consolidarse a mediados de noviembre.
La cautela de Hacienda y la prueba de la “primera cuota”
Desde la cartera que conduce Víctor Fayad señalaron que no se exige un trámite de adhesión formal a las entidades financieras para evitar sobrecargar el proceso de burocracia. La verificación del beneficio se realiza directamente a través de las declaraciones juradas impositivas que los bancos presentan 15 días después del cierre de cada mes.
“Recién el 15 de noviembre vamos a ver todas las operaciones de octubre registradas en las declaraciones juradas. Ahí vamos a poder armar el paquete de información para evaluar el impacto real de la medida”, explicaron desde Hacienda.
Asimismo, en Peltier 351 remarcaron la necesidad de analizar los números con prudencia técnica antes de enviar el reporte definitivo a la Legislatura. “Los bancos esperan a que se paguen las primeras cuotas para considerar que la operación concluyó con éxito. Un problema recurrente en estos procesos es que el deudor acuerda la refinanciación pero luego no abona la primera cuota”, detallaron.
A modo de muestra, en el Ministerio indicaron que de un primer lote de 800 acuerdos revisados, cerca de 100 se cayeron de manera inmediata por falta de pago del primer vencimiento, por lo que no pueden contabilizarse como operaciones vigentes ni acceder a los beneficios fiscales.
Las entidades que utilicen los beneficios de la ley deberán presentar declaraciones juradas mensuales ante la Administración Tributaria Mendoza (ATM) con el detalle de las operaciones de refinanciación realizadas durante cada período.
El alcance de los incentivos impositivos
La Ley 9730 fue diseñada con el propósito de ofrecer un alivio a los deudores en situación crítica y fomentar acuerdos sustentables entre privados. La principal herramienta de la norma es la exención total del Impuesto de Sellos para las operaciones de refinanciación que modifiquen plazos, cuotas, tasas o garantías.
Además, la legislación otorga una reducción de la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos al 5% para aquellas entidades financieras que reestructuren deudas bajo condiciones específicas: aplicar una Tasa Nominal Anual (TNA) que no supere el 40% y otorgar un plazo mínimo de devolución de 24 meses.
El diagnóstico oficial que fundamentó el envío del proyecto a la Legislatura revelaba un preocupante nivel de endeudamiento en la provincia: sobre un universo cercano a 870.000 créditos activos, unos 271.000 registraban algún nivel de morosidad. El saldo promedio de las deudas ascendía a 1,1 millones de pesos en los hogares y a 2,8 millones de pesos en el sector empresarial.
A su vez, cerca de la mitad de los morosos se encontraba en la categoría 5 de la Central de Deudores del Banco Central (considerada irrecuperable), mientras que otros 100.000 acumulaban atrasos de entre 30 y 180 días.
