El juez federal Eduardo Puigdéngolas, que interviene en esta causa, imputó a Walter Bento por nuevos delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, prevaricato y abuso de autoridad, como en una causa a favor de un narcotraficante y otra, por el tráfico de influencias a favor de un empresario amigo de su familia que tenía una deuda impositiva con la AFIP y Rentas.
A esto se sumó un nuevo pedido de detención al juez federal. Pese a eso, podrá seguir trabajando como juez hasta que el Consejo de la Magistratura resuelva si lo suspende del cargo hasta que salga la sentencia.
VER: El Consejo de la Magistratura volvió a cargar contra Bento
El juez está acusado de otorgar favores a contrabandistas y narcotraficantes a cambio de coimas.
En total, suman 15 los casos de cobro de coimas por los que se imputa a Bento.
En su investigación, el fiscal Vega vuelve a acusar al juez del juzgado 1 de Mendoza por el delito de asociación ilícita en carácter de jefe y como integrante de esa banda, a su esposa Marta Boiza y a los abogados Jaime Alba, Luciano Ortego y Javier Angeletti, por el delito de cohecho activo agravado.
Nuevas imputaciones
El juez federal mantenía una amistad con la pareja formada por Roberto Massi y Sandra Massi. El primero es socio de Carlos Massi e Hijos SRL, una empresa que fue denunciada por la AFIP en 2014 por evasión impositiva. La causa recayó en el juzgado de Bento. El juez no se apartó de ella y falló por falta de mérito.
Sobre la relación el trafico de influencia de Bento a favor de Massi, al ordenar la falta de mérito en su causa de evasión, la Fiscalía sostiene: “Es evidente que al momento de asumir su intervención como juez de la causa, Walter Bento obró a sabiendas de que estaba entendiendo en una situación penal que involucraba a amigos suyos. El Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 55 inciso 11 impone a los Magistrados la obligación de inhibirse de conocer en la causa “si tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados”.
El otro caso por el que se imputa a Bento está relacionado con presos que habrían pagado por recibir beneficios carcelarios. Uno de ellos tiene que ver con Cristian Oscar Oliva, mano derecha del ex líder de la barrabrava de Godoy Cruz, Daniel “Rengo” Aguilera.
Oliva, condenado a 8 años de prisión, fue beneficiado con prisión domiciliaria. Según la declaración de Aguilera, la suerte de Oliva cambió cuando comenzó a defenderlo el abogado Ortego y luego Angeletti, ambos vinculados con la asociación ilícita que se asocia a Bento.
Para los investigadores este es un caso de utilización fraudulenta del sistema de garantías procesales que regulan las medidas coercitivas, destacó el sitio Clarín en su nota.
