Gran repercusión y polémica se viene generando por los aislados por coronavirus en Formosa, una provincia que desde hace 25 años está siendo gobernada sin pausa por Gildo Insfrán. Por este motivo, ha aparecido una catarata de denuncias que llegaron incluso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ese sentido es que transcurre la historia de Héctor López Cano, el medico que había realizado una huelga de hambre con el propósito de denunciar y visibilizar el maltrato que se sufre en los centros de aislamientos impuestos por el Gobierno de esa provincia. Este fue allanado por una toalla y un control remoto.
Según comentó Cano, unos 20 efectivos de la policía allanaron su vivienda sin brindarle una orden judicial y se llevaron una toalla acusándolo de “hurto” tras dejar el hotel en el que fue obligado a mantenerse aislado.
“Mi protesta era por el exceso de tiempo en cuarentena y el exceso de hisopados: me hicieron hacer cinco, todos negativos. Al entrar a la provincia luego de haber ido a ver a mi familia en Corrientes luego de 10 meses, hice un hisopado en Corrientes y dos en Formosa, al entrar de nuevo”, inició comentando el médico a la señal televisiva Todo Noticias (TN).
En el mismo sentido agregó: “Cumplí los 15 días y eran válidos los que me hice, pero para la provincia necesitaba dos más. Era necesario una reclusión forzada, que no es aislamiento. Estuve en un hotel en malas condiciones en los que no veía la luz y no me dejaban salir al pasillo, tenían policía permanentemente de custodia”.
“Repito que no es un aislamiento preventivo porque nunca tuve Covid-19 a pesar de atender pacientes que tuvieron. Me cambiaron de hotel, tenía mejores condiciones, pero empezó el hostigamiento policial. Era una tortura psicológica a diario de quienes me custodiaban“, pormenorizó.
Aseguró que fue liberado cundo iba a llegar el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, a la provincia de Formosa y que recién allí lo dejaron seguir con la cuarentena en su domicilio.
“No se revisó nunca el aposento del hotel a la salida, como corresponde, y en presencia del inquilino”, rezongó Cano y explicó: “Me decían que no tenían la vestimenta para entrar a revisar la habitación. Pero eso no fue un problema mío, yo le entregué ordenado. Puedo repetirle mil veces la forma en la que acomodé la pieza pero se negaron a entrar”.
Tras ello, contó que en la mañana del domingo “tres móviles y 20 policías” arribaron a su domicilio. “Me comunican que hay una orden de allanamiento buscando una toalla. Me la leyeron y cuando le pedí una copia me dijeron que no me la iban a dar porque me lo iban a dar en el juzgado. No me permitieron llamar a mi abogado, ni que toque el teléfono. No me dejaron sacarle foto a la toalla que secuestraron”, fustigó.
:quality(85)//cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6LWH7OP3UBBAXGJVVL5X5FQ3JE.jpg?resize=708%2C531&ssl=1)
En ese sentido, aseguró: “Mi lavandera me va a salir de testigo que ella hace más de un año me lava esa toalla. La policía tomó eso como evidencia. Me dijeron que podían entrar por la fuerza”.
“Acá metieron en una pieza a 15 policías y había otros en el patio. Ninguno tenía guantes, ni el camisolín, ni la máscara facial, entraron y tocaron lo que quisieron. Me dejaron con una gran preocupación”, comentó.
Por tanto, consideró que se trataba de “una represalia político-policial por la huelga de hambre que había hecho y por haber denunciado que cinco hisopados negativos y un mes de cuarentena es excesivo. Porque el virus tiene 15 días de vida y lo saben todos los infectólogos del mundo. Yo insistía en eso. Usaba la palabra reclusión forzada, no aislamiento preventivo”.
Cano realizó una huelga de hambre en el medio de su aislamiento tras haber regresado de Corrientes, a donde viajó a visitar a su familia.
Participación de Amnistía Internacional
Este mismo domingo, la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, aseguró que “en Formosa se están violando los derechos humanos”, por lo que mencionó que “si no hay una respuesta desde el Estado provincial o desde el Estado nacional, tendremos que sin duda acudir a la instancia internacional para alertar lo que está ocurriendo en Argentina”.
“Es tan variopinto el esquema o el escenario de violaciones a los derechos humanos, que estamos incluso pensando en ir a distintos relatores y procedimientos especiales de Naciones Unidas”, manifestó respecto de las decisiones que viene tomando el Gobierno de Insfrán.
En una entrevista brindada a La Once Diez, comentó que entre las diversas instancias a las que puede llegar a acudir Amnistía Internacional Argentina, se encuentran: “El Relator sobre Pueblos Indígenas, por las condiciones especiales de vulnerabilidad; el Comité de Niñez por la particularidad de las vulneraciones a los niños; el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias; y el Relator de Tortura por las condiciones inhumanas en que están siendo hospedados”.
“Llama la atención en un país que ha tenido un liderazgo en la política de derechos humanos a nivel internacional, pero hoy está en el banquillo y debe rendir cuentas por eso”, cuestionó García Rey.
Respecto de la visita de Pietragalla Corti a la provincia de Formosa, expresó: “Celebramos que haya ido, que se haya reunido con víctimas y familiares para relevar el estado de situación, pero su conferencia de prensa no logró iluminar sobre esa visita, no logró cuestionar el vaciamiento que se hizo de muchos centros”.
“¿Hoy en Formosa se están violando los derechos humanos? Absolutamente sí. Hay detenciones arbitrarias, condiciones inhumanas de aislamiento, maltratos a niños detenidos en las mismas condiciones que los adultos, mujeres y varones, en los mismos lugares violando la intimidad”, detalló.
También mencionó que Amnistía Internacional viene observando “la situación de Formosa desde hace ya unos meses porque, a partir de la emergencia sanitaria en todo el país, empezó a implementar un sistema de cierre de fronteras donde personas habían quedado varadas en la ruta”.
“Hoy la política de Formosa está marcada por una detención indiscriminada de personas en centros de atención sanitaria”, aseveró y agregó que “ante aquellas personas que dan positivo de COVID, contactos estrechos de estas personas, contactos estrechos de los contactos estrechos y cualquier persona sospechada de tener COVID, la política sanitaria de Formosa es detenerla en estos centros en condiciones muy cuestionables en términos sanitarios e higiénicos, se ha llegado a tapiar ventanas y puertas, cerrar llaves, con personas detenidas mezcladas unas con otras”.
Por último, García Rey analizó que “esta situación es inaceptable diez meses después de declarada la pandemia y con alternativas menos restrictivas de derechos humanos que se han implementado en otras provincias”.
