El Vaticano inició este martes el juicio por “malversación y abuso de funciones” contra el cardenal italiano Angelo Becciu, echado por el papa Francisco en 2020, acusado junto a otras nueve personas en la causa que investiga supuestos fraudes con la compra de un edificio en Londres por casi 200 millones de euros entre otras irregularidades que provocaron pérdidas millonarias a los fondos de caridad pontificios.
El año pasado, cuando se hizo pública la investigación, Becciu fue removido de su cargo de prefecto de Congregación de las Causas de los Santos en septiembre pasado y fue despojado de sus derechos como cardenal por el papa Francisco.
Exsustituto de la Secretaría de Estado y considerado el “número 3” del Vaticano entre 2011 y 2018, Becciu perdió tras su remoción la posibilidad de participar en un eventual cónclave, y por ende de ser Papa a causa de la investigación.
Tras la audiencia de siete horas en la que estuvo presente, Becciu afirmó en un comunicado que espera “con serenidad” la continuación de las audiencias para demostrar su “inocencia frente a cada acusación” una vez que el juicio se retome desde el 5 de octubre, como dispuso el Tribunal vaticano.
Becciu y los otros nueve acusados enfrentan diversos cargos de delitos financieros como “malversación, blanqueo de capitales, fraude, extorsión y abuso de funciones”, tras más de dos años de investigación a funcionarios laicos y religiosos por supuesta malversación de fondos en la compra y venta de propiedades.
En ese marco, Becciu se reconoció “obediente al Papa que me envió a juicio” en un diálogo con la prensa durante la audiencia.
“Siempre he sido obediente al Papa, él me ha confiado muchas misiones en mi vida, quería que viniera a juicio y yo vengo al juicio. Estoy tranquilo, tengo la conciencia tranquila, tengo la confianza de que los jueces podrán ver bien los hechos y mi gran esperanza es la certeza de que reconozcan mi inocencia”, aseveró.
El proceso, que se desarrolla en una sala especialmente preparada dentro de los Museos Vaticanos, es el primero de la historia en el que un purpurado será juzgado por un delito penal ante un Tribunal de jueces laicos en la Santa Sede.
Uno de los ejes del proceso es un inmueble en el número 60 de Sloane Avenue, en el barrio Chelsea, de Londres, que según la acusación fue adquirido en 2014 con fondos reservados mientras Becciu se desempeñó como “número 3” de la Santa Sede y que provocó pérdidas millonarias al fondo de caridad que gestiona el Papa.
La primera audiencia, en la que solo estuvieron presentes Becciu y su ex mano derecha monseñor Mauro Carlino, se centró en los diversos pedidos de nulidad de parte de las defensas frente a los que el Tribunal se reservó dar hoy una respuesta.
Al elevar la investigación a juicio, dentro de las 73 páginas dedicadas a analizar la labor del purpurado, la fiscalía vaticana consideró que “también surgieron elementos contra el cardenal Giovanni Angelo Becciu, contra quien procedemos, como exige la ley, por los delitos de malversación y abuso de funciones también en concurso, así como soborno”.
De todos modos, el cardenal italiano, considerado hasta mediados del año pasado un posible sucesor de Francisco, no estuvo solo en el andamiaje financiero que, de acuerdo a la acusación, se montó para desviar fondos de las obras de caridad. Entre los acusados está también el operador financiero Gianluigi Torzi, inculpado de haberse quedado con una comisión de 15 millones de euros por la compra-venta del palacio de Sloane Avenue de Londres.
También se encuentra acusado quien, según la ley, debía controlar las operaciones desde dentro del Vaticano: el expresidente de la Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede (AIF), René Brülhart, además de su mano derecha, Tommaso di Ruzza.
En ese marco, y si bien la investigación sobre la compra del Palacio de Londres es el eje paradigmático del proceso, no es la única inversión investigada.
Según el acta de envío a juicio, la investigación mostró “una red de relaciones con los operadores del mercado financiero que generó pérdidas sustanciales para las finanzas del Vaticano, habiendo recurrido también a recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre”.
En una primera etapa de las investigaciones habían sido allanadas oficinas de la secretaría de Estado por primera vez en la historia, donde la Justicia vaticana secuestró documentos.
Entre las personas enviadas a juicio se encuentra también la italiana Cecilia Marogna, inculpada de “peculado” tras haber sido investigada por la supuesta malversación de 500.000 euros que Becciu le había otorgado para supuestamente formar una red de diplomacia paralela en la Santa Sede, y que fue primero arrestada y luego puesta en libertad tras ser denunciada a Interpol por la Justicia vaticana.
