Las diferencias internas en el Gobierno, la pandemia de coronavirus, la muerte y un escándalo por supuestos sobreprecios en compras de alimentos provocaron la salida de casi una decena de funcionarios nacionales.
La primera baja de la Administración del presidente Alberto Fernández fue la de Maximiliano Galli, que se desempeñaba como subsecretario administrativo de Energía: renunció el 10 de enero pasado, tan sólo tres días después de que fuera formalmente designado en el cargo.
Tres meses más tarde, ya con el COVID-19 en el escenario, la compra de alimentos a precios mayores que los fijados por el Estado desató una polémica que le costó el puesto al entonces secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, y a una decena de funcionarios de menor rango: su cargo fue ocupado por Erika Roffler.
Al cierre de abril, otro de los que estuvo de salida fue Alejandro Vanoli, que duró poco más de cuatro meses como director ejecutivo de Anses: los amontonamientos de jubilados, pensionados y beneficiarios de subsidios en las puertas de los bancos y el consecuente riesgo de contagios de coronavirus fue duramente criticado por dirigentes tanto de la oposición como del propio oficialismo.
La dirigente de La Cámpora y hasta ese momento ministra de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Fernanda Raverta, fue la elegida por Alberto Fernández para hacerse cargo de un organismo clave en el Gobierno.
En agosto se produjo un nuevo cambio en las filas del Ejecutivo: por sus diferencias con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, Sergio abandonó la Secretaría de Energía y fue sucedido por el neuquino Darío Martínez, que ocupaba una banca en la Cámara de Diputados.
En el mismo mes renunció de manera “indeclinable” la viceministra de Educación, Adriana Puiggrós, por diferencias programáticas con el titular de la cartera, Nicolás Trotta: hasta el momento no se designó formalmente a nadie en la Secretaría de Educación.
La baja del presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Mario Cafiero, no se debió a circunstancias políticas, sino a su fallecimiento, que se produjo el 13 de septiembre.
Aunque no había culminado los pasos protocolares para ser formalmente embajadora argentina ante Rusia, Alicia Castro dio el portazo del Gobierno en clara disidencia con la postura de Alberto Fernández y el canciller, Felipe Solá, sobre la crisis en Venezuela: su renuncia llegó junto a una dura carta pública.
La representación diplomática en Moscú será para el santiagueño Eduardo Zuain, quien ya fue propuesto para el cargo, pero aún no se terminó el proceso formal para su designación.
Otra pérdida, política y física, para la Casa Rosada fue la del embajador argentino ante Unesco, Fernando “Pino” Solanas, quien batalló durante varias semanas contra el COVID-19 en un hospital de la ciudad francesa de París y falleció el 7 de noviembre.
Una de las más resonantes salidas del Gobierno fue la de la arquitecta María Eugenia Bielsa: la carta pública de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, sobre los “funcionarios que no funcionan” la corrió del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat el 11 de noviembre y le dio paso al arribo de Jorge Ferraresi.
La dirigente santafesina tuvo el ofrecimiento de Alberto Fernández para hacerse cargo de la representación argentina ante Unesco.
