El pedido al Presidente
La solicitud fue presentada ante la presidenta del TOF N°1, Carolina Prado, por los abogados Juan Carlos Vega y Eduardo Barcesat, representantes de la empresa y de la familia de su principal accionista, Natalio Kejner. El tribunal se completa con los jueces Facundo Zapiola y Cristina Giordano.
La figura invocada es la absolución de posiciones prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se aplica a la parte demandada y obliga a quien declara a decir la verdad, a diferencia de un testigo. En este caso, Milei no sería citado a título personal sino como cabeza del Estado demandado. El pliego contiene dieciocho afirmaciones que el mandatario debería reconocer o negar.
Entre ellas, que el Estado fue notificado del Informe de Fondo 293/21 de la CIDH, que declaró la responsabilidad internacional de la Argentina, y de un informe complementario de agosto de 2023 que ordena la reparación integral; que la Procuración del Tesoro, bajo su gestión, se opuso de manera sistemática a cumplir esos mandatos e interpuso cinco recursos de casación y queja entre 2025 y 2026; y que el Estado le pagó a Supercemento unos 142 millones de dólares por la obra que le había sido quitada a Mackentor, sin investigar nunca la corrupción en la obra pública durante la dictadura.
Los querellantes también pidieron medidas cautelares para asegurar el cobro de la eventual reparación: embargos sobre cuentas del Estado Nacional, del Ministerio de Economía y de la Tesorería General por el monto que fije el tribunal más un 30% por intereses y gastos; sobre depósitos de Supercemento hasta cubrir el 40% de la condena; sobre fondos del Poder Judicial de Córdoba en el Banco de Córdoba, en relación con los créditos pagados en la quiebra de la empresa; y sobre los inmuebles que Mackentor tenía registrados al momento de la intervención.
Como antecedente, la presentación recuerda el caso Birt, iniciado por presos políticos sobrevivientes de la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba, en el que Vega ya había pedido la confesional del entonces presidente Raúl Alfonsín. Aquel expediente terminó en la primera solución amistosa firmada en el sistema interamericano, formalizada por el decreto 70/91 durante el gobierno de Carlos Menem.
En un mensaje enviado a colegas, al que tuvo acceso Ámbito, Vega describió así el momento del proceso. “Después de 38 años de proceso judicial en el Caso Mackentor estamos por primera vez frente a jueces independientes e imparciales. Tuvo que intervenir la CIDH para desmontar los ocultamientos y los silencios de parte de los jueces federales de Córdoba sobre las responsabilidades que tuvo esa justicia con la dictadura militar”.
“Recién con la CIDH se abre la verdad histórica y con ella aparecen los grupos empresariales, socios de la dictadura y beneficiarios de sus crímenes. Y con ella aparecen las complicidades abiertas de los jueces federales de Córdoba y de los jueces de la Provincia de Córdoba con el terrorismo de Estado”, agregó.
Y cerró: “En esta etapa actual hemos decidido pedir la confesional del presidente Javier Milei en base a 71 precedentes en el ‘Caso Birt Guillermo y otros c. Estado Nacional’. En ese caso el presidente Raúl Alfonsín respondió la confesional con enorme valentía y honestidad. Confiamos que lo haga Javier Milei del mismo modo”.
Una empresa en la mira del III Cuerpo
Mackentor era, en los años sesenta y setenta, una de las constructoras más importantes del país. Con sedes en Córdoba y Buenos Aires y alrededor de 400 empleados, se especializaba en grandes obras viales e hídricas, pero también tenía una planta de caños de alta presión en Córdoba, talleres, depósitos, campos en Santiago del Estero y una finca vitivinícola en San Juan. Kejner, su principal accionista, formaba parte del empresariado que impulsaba un modelo de desarrollo industrial nacional, en las antípodas del programa económico que impondría la dictadura.
En 1977 la firma había ganado la licitación para construir el Segundo Acueducto Villa María–San Francisco, una de las obras públicas más relevantes de la época, por unos ocho millones de dólares.
El 25 de abril de ese año, efectivos de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, bajo la órbita del III Cuerpo de Ejército que comandaba Luciano Benjamín Menéndez, ocuparon por la fuerza sus oficinas en Córdoba y en Buenos Aires. Se llevaron documentación, cerraron las instalaciones y paralizaron la actividad con el argumento de que la empresa financiaba a Montoneros, algo que jamás se probó.
El operativo se extendió a cuatro provincias. Veintisiete personas, entre directivos, empleados, accionistas y abogados, fueron secuestradas; varias pasaron por los centros clandestinos La Perla y La Ribera, y cuatro continúan desaparecidas. Kejner logró escapar y se exilió en Venezuela.
Una semana después de la ocupación, el 2 de mayo de 1977, el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma ordenó la intervención judicial de la compañía y puso al frente al coronel retirado Rodolfo Batistella. La medida se justificó en una investigación por actividades subversivas que todavía no existía y en una supuesta falta de conducción de la empresa, cuando sus directivos habían sido detenidos por las mismas fuerzas que pedían intervenirla. A partir de allí, el contrato del acueducto fue rescindido y, en 1978, adjudicado en forma directa a Supercemento, cuyos accionistas eran entonces Franco Macri, Filiberto Bibiloni y Julián Astolfoni. La misma firma se quedó también con la fábrica de caños de Mackentor, cuyo precio de venta nunca se terminó de pagar.
Un largo camino judicial
Kejner volvió al país en 1984, recuperó lo poco que quedaba de la empresa y comenzó a litigar contra el Estado. Murió en 2014 sin ver una reparación. En 2016, en el marco de la megacausa La Perla, el TOF N°1 condenó a Menéndez por allanamientos ilegales y usurpación, pero rechazó declarar nula la intervención y negó la compensación económica. Casación avaló ese criterio en 2018, aunque la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo y ordenó revisarlo.
En paralelo, el caso avanzó en el sistema interamericano: tras más de veinte años de trámite, la CIDH responsabilizó al Estado argentino en 2021 y reconoció por primera vez a una persona jurídica como víctima de violaciones a la Convención Americana, con derecho a reparación.
En marzo de 2024, Casación anuló la sentencia del oral, apartó a los jueces que la habían dictado y ordenó un nuevo examen. En julio de 2025, el TOF N°1, con otra integración, declaró nula la intervención de 1977 por considerarla parte de un crimen de lesa humanidad, y con ella cayeron los actos posteriores: la rescisión del contrato del acueducto, su readjudicación a Supercemento, la venta de la fábrica de caños y las actuaciones vinculadas a la quiebra. En noviembre de ese año, Casación confirmó la nulidad y devolvió el expediente a Córdoba para fijar la reparación. Es en esa etapa donde el Estado intenta, una y otra vez, frenar el trámite y donde la querella ahora apunta al Presidente de la Nación.
