Con el impulso del presidente Javier Milei, y del titular del Ministerio de Defensa, el mendocino Luis Petri, el Gobierno envió al Senado nacional un pedido formal de ascenso de militares que estaba en stand by por ser parientes de represores involucrados en crímenes de lesa humanidad.
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Los afectados en la Armada fueron los capitanes de fragata Marcelo Barbich, Gustavo Barreto Neuendorf, Juan José Lucena, Eduardo Enrique Pizzagalli, Jorge Emilio Sciurano y James Ronald Whamond.
También los tenientes coroneles Marcelo Ramón Borzone, Julio Balloffet, Edgardo Calvi, Gustavo Carlos Cattaneo, Luis Alberto Cattaneo, Ramón Eduardo Centeno, Mario Alejandro Díaz, Antonio Agustín Duarte, Oscar Antonio Faisal, Marcelo Huergo, Ricardo Horacio Muñoz, Justo Daniel Rojas Alcorta, Guillermo Alejandro Saá, Ricardo Enrique Schulz, Pedro Leonardo Tagni, Jorge Luis Toccalino, Roberto Augusto Vega y Francisco Javier Canevaro.
La nota fue emitida el 23 de diciembre de este año, en donde se detalló “solicitarle el Acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2018 al Personal Militar Superior de la Armada Argentina“.
De aprobarse dicho pedido, los retenidos serán promovidos con carácter retroactivo al “reunir las condiciones exigidas por la ley”.
En el 2010, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la titular de Defensa, Nilda Garré, pasó a retiro a decenas de militares de alto rango.
La decisión fue tomada a través de la Resolución 1581, con la razón de que todos ellos “tenían algún tipo de lazo sanguíneo con represores o personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad” perpetrados durante la última dictadura.
Durante la gestión de Mauricio Macri se iniciaron las gestiones para dejar sin efecto la medida tomada por Garré.
