Este miércoles, la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza dictó la conciliación obligatoria tras el pedido presentado por la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Publico Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. El objetivo era frenar el paro de judiciales que resintió la actividad en las últimas semanas.
Los dos gremios del sector (empleados y funcionarios) rechazaron las ofertas salariales presentadas en paritaria y endurecieron las medidas de fuerza a fines de abril. Como respuesta, el Gobierno otorgó un incremento por decreto, pero esto provocó mayor molestar entre los trabajadores.
“Las medidas de acción directa llevadas a cabo por agentes y funcionarios judiciales impactan en la gestión de las causas que tramitan, la realización de audiencias en todos los fueros, en definitiva, en el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía“, aseguraron las máximas autoridades del Poder Judicial de Mendoza.
Finalmente, se dictó la conciliación, argumentando una grave afectación en el servicio de Justicia. En tal sentido, fijó una audiencia de negociación para el próximo 7 de junio.