Para Ramón, la suba de precios es culpa de las empresas (igualmente responsabiliza al gobierno)

¿El Estado dónde está? Se pregunta José Luis Ramón

En las últimas horas, José Luis Ramón publicó una columna de opinión en el portal Parlamentario donde habla sobre el incesante incremento de precios de alimentos y “la necesidad de constituir un ente independiente que controle y que ponga sanciones”. Según él, “una nueva institución que cumpla con defender a los usuarios y consumidores”.

El diputado nacional arranca recordando el dato del INDEC del jueves pasado, que informó sobre los nuevos precios de la Canasta Básica Total, que acumuló con el aumento de casi 5 puntos en diciembre (4,7%, para ser preciso) un aumento anual de 39,1%.

Evitando mencionar la inflación como parte causante de esos incrementos, Ramón responsabiliza al Estado/Gobierno: “Acá hay dos organismos representantes del estado que, sin duda, están haciendo agua: la Secretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de la Producción es una de ellas”.

Y avanza: “Hay que decir, que el problema surge de la incapacidad para hacer cumplir, o controlar, a las grandes empresas de alimentos, muchas de ellas oligopólicas. No hay una política de control sobre los precios de los diferentes estamentos de la producción, y mientras a los productores se le pagan chirolas, y no se contemplan ayudas específicas a PyMes de productos alimenticios, las empresas poderosas marcan la agenda de costos”.

A su vez, el legislador explica que “tampoco gestiona como es debido la Secretaría de Comercio Interior, que está poniendo parches a los problemas que suman a la crisis sanitaria y el descontento en la población”.

Acto seguido propone la creación de una nueva entidad del Estado: “Frente a una Secretaría de Comercio sin ideas para ejecutar su trabajo, y una Dirección de Defensa del Consumidor que no resuelve, no articula posibles soluciones a largo plazo con otros organismos, es que debemos urgentemente pensar en un nuevo espacio que cumpla con las funciones de protección de los derechos de usuarios y consumidores, sin tintes políticos que lo ahoguen”.

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