Las réplicas tras el terremoto de alta puntuación en escala Richter dentro del Frente de Todos parecen no cesar y ahora las críticas se centran en la figura de Juan Manzur, próximo jefe de gabinete, apuntado por su carácter conservador y machista.
En el año 2019, unos meses antes de asumir en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, en su carácter de abogada, denunció penalmente al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, por impedir que se realice un aborto legal a una niña de 11 años que había quedado embarazada tras sufrir una violación y que fue obligada a dar a luz en la semana 23 de gestación.
En marzo del 2019, las abogadas Elizabeth Gómez Alcorta y Gabriela Carpineti junto a mujeres referentes del Frente Patria Grande presentaron una denuncia contra el gobernador Juan Manzur y funcionarios del área de Salud, por impedir la interrupción legal del embarazo a la niña de 11 años violada por la pareja de su abuela.
Recién las referentas del @FtePatriaGrande denunciamos por abuso de autoridad a Manzur, las autoridades de salud de Tucumán y una fiscal por obstaculizar el aborto legal de la niña Lucía, quién había sido violada. @chechamerchan @gabycarpineti @OfeFernandez_ @vicki_freire
— Eli Gomez Alcorta (@EliGAlcorta) March 6, 2019
Sin embargo, Gómez Alcorta y Manzur se han mostrado juntos en actos oficiales, en el contexto de presentación de políticas para prevenir las violencias de género, como si nada de todo esto hubiera pasado.
La denuncia fue presentada en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires y acusó al gobernador; a la ministra de Salud, Roxana Chalha; al secretario de la misma cartera, Gustavo Vigliocco; y a la directora del Hospital Este Eva Perón, Elizabeth Ávila, por no permitir la interrupción legal del embarazo de la niña y violar la Constitución Nacional y el artículo 86 del Código Penal, entre otras leyes y protocolos existentes.
Según el expediente judicial, la menor declaró ante una psicóloga: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Como consecuencia del trauma, la niña tuvo varios intentos de suicidio.
La víctima y su madre exigieron desde el primer día en que se presentaron al hospital que se cumpliera el derecho a realizar un aborto no punible, amparado en el artículo 86 del Código Penal. Sin embargo, el Estado provincial ordenó continuar con el proceso de gestación dejando como única posibilidad para salvar la vida de la niña la realización de una cesárea.
Según resaltó Gómez Alcorta, los funcionarios impidieron y obstaculizaron “la interrupción legal del embarazo, lo que implica además de la comisión de un delito, la grave violación a los derechos de la niña que fue abusada”.
“La denuncia no solo es contra los funcionarios de la cartera de Salud de Tucumán y el gobernador, sino también contra ciertos funcionarios judiciales: una fiscal y el titular de la Defensoría de la provincia”, explicó en ese momento. Gómez Alcorta.
La abogada agregó que se los acusó de “haber llevado adelante acciones o de haber dictado resoluciones contrarias a las leyes“, lo que está tipificado como abuso de autoridad.
Denunció que estos comportamientos “se inscriben en el marco de un fundamentalismo conservador de parte de ciertos sectores muy reaccionarios” que, a su juicio, son capaces de obligar a una menor de edad a “llevar adelante una cesárea en una sala de parto como una demostración de un poder absolutamente autoritario, misógino y machista“.
La demanda fue acompañada por las referentes del Frente Patria Grande, Ofelia Fernández, Cecilia “Checha” Merchán, María Luciana Moreno, María Fernanda Fernández y Victoria Freire.
Además, distintas organizaciones de Derechos Humanos y feministas denunciaron lo sucedido como un caso de violencia institucional, que hasta podría ser tipificado como tortura. Manzur fue apuntado como uno de los responsables por demorar deliberadamente el procedimiento.
Amnistía Internacional Argentina se expresó ante el caso de la niña tucumana y habló de violación a los Derechos Humanos y tortura.
✋Someter a una niña de 11 años, abusada, a dilaciones para el acceso a una interrupción del embarazo viola sus derechos humanos. #NiñasNoMAdres
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) February 27, 2019
⚠️El interés superior de todas las niñas debe ser la prioridad del Estado.
⛔️➡️Negar el acceso al #AbortoLegal puede considerarse tortura⬅️⛔️
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) February 27, 2019
